La nueva normativa contempla un mayor protagonismo de las agencias de acreditación de la calidad, ya sea a través de la Aneca, para el ámbito nacional, o de las otras diez agencias autonómicas; establece un mínimo de 4.500 alumnos; exige un aval económico para asegurar recursos ante imprevistos; y pide la institución tenga oferta en tres ramas de conocimiento y que se garantice la investigación.

El Real Decreto por el que se modifica el 640/2021 busca, en recientes palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, “reforzar la exigencia de calidad de universidades para mejorar mecanismos de creación y control” de nuevos centros, de forma que “todas”, universidades públicas y privadas ofrezcan una docencia “de calidad” y presten “un servicio a la sociedad”.

El texto fue anunciado el pasado 31 de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntó la intención del Ejecutivo de endurecer los criterios para la creación de universidades con el objetivo de evitar los “chiringuitos educativos”. Al menos ocho proyectos de nuevas universidades que se están iniciando se tendrán que someter a este nuevo marco normativo.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (Feccoo) avanzó este lunes que la modificación de este Real Decreto se planteaba "para corregir estas deficiencias e introducir un mayor rigor en la proliferación incontrolada que nuevas universidades privadas".

Sin embargo, el sindicato lamentó que del texto, "a la espera de conocer otros posibles cambios", se han caído "al menos dos cuestiones esenciales". "No se podrá pedir experiencia previa a los promotores de una nueva universidad, por lo que cualquier persona o empresa podrá promover una universidad, aunque su actividad profesional nada tenga que ver con el ámbito universitario", avanzó CCOO, y "el informe de la Conferencia General de Política Universitaria que se contemplaba para la creación, adquisición y adscripción de centros por una universidad privada en una comunidad autónoma distinta de aquella en la que tiene su sede social, ya no tendrá que ser favorable".

"Es decir, que aunque el informe sea demoledor en contra del nuevo centro, las comunidades autónomas afectadas podrán autorizar el proceso si así lo consideran. Esto es especialmente grave ya que esta es la fórmula que empieza a extenderse para la expansión de las universidades privadas en funcionamiento. Y seguirá ocurriendo lo que hasta ahora es norma: que todas las universidades con informe desfavorable de dicha Conferencia al final terminan siendo autorizadas por las comunidades autónomas", alertó la organización sindical.