Se ha recogido en un pronunciamiento aprobado en el marco de las jornadas anuales que la CCS ha desarrollado en Galicia desde el miércoles. La conferencia ofreció a los parlamentos y gobiernos autonómicos su colaboración “para procurar que el desarrollo normativo de la LOSU a nivel autonómico corrija, en la medida de lo posible, las carencias y defectos de la norma básica dentro de los márgenes que en ella se establecen” y fortalecer de esta manera “el compromiso y participación de la sociedad con su universidad”.

En concreto, pidió mejorar "la actual regulación, atribución de competencias y dotación de medios y recursos –humanos, materiales y económicos– de los Consejos Sociales con el fin de que la participación de la sociedad –a la que se debe y que la financia muy mayoritariamente con sus impuestos– en la gobernanza de su universidad, tenga mayor alcance y pueda hacerse realmente eficaz".

También reclamó desarrollar los mecanismos de transparencia, control interno y rendición de cuentas de la gestión universitaria y potenciar normativas y programas autonómicos "de impacto", que permitan "dar un salto de calidad en materia de adecuación de la oferta de titulaciones a las necesidades del mercado laboral y sirvan para mejorar la empleabilidad de los egresados universitarios", entre otras cuestiones.

La conferencia reiteró que la LOSU “no responde a las necesidades actuales de la universidad española y no va a servir para resolver los problemas estructurales que vienen limitando su excelencia”.

Durante las jornadas, organizadas por los consejos sociales de las tres universidades públicas gallegas, La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, se abordaron los retos presentes y futuros de la universidad española, la relación entre la Educación Superior y el Camino de Santiago y cómo medir la aportación de las universidades a su territorio, entre otros temas.