Maza de Ayala argumentó en su recurso de amparo que su cliente fue acusado de un delito de terrorismo, por lo que no debió juzgarle la Audiencia de Bilbao, sino la Audiencia Nacional, que es la competente para esos casos.

El letrado señaló que "estamos ante un cas de terrorismo y una prueba de ellos es que fue el Estado quien indemnizó a la viuda de Brouard con 20 millones de pesetas".

A su juicio, "los autos de prisión decretados contra mi cliente por la Audiciencia de Bilbao en diciembre de 1991 y febrero de 1993 vulneraron los derechos a la libertad y a la tutela judicial efectiva".