El Gobierno vasco en su demanda impugna los artículos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18 así como la disposición transitoria segunda.1; la disposición adicional tercera, disposición final primera, apartados uno, tres y seis, y la disposición final cuarta de la citada norma.

El recurrente alega que la Ley podría vulnerar el ámbito competencial reservado a las comunidades autónomas en materia de vivienda, en particular, las atribuciones garantizadas por el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

La norma recurrida es objeto de varios recursos de inconstitucionalidad ante el TC. Además del Gobierno vasco, la norma ha sido recurrida por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, por el Parlamento de Cataluña y por los Consejos de Gobierno de Andalucía, Balears y Madrid, recursos admitidos a trámite en el Pleno del 26 de septiembre de 2023.

Además, los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y por la Xunta de Galicia están pendientes de admisión a trámite.