La reforma permite que la Mesa del Senado decida autónomamente acerca de la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, aun cuando hayan sido tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.

Los recurrentes alegan que los citados artículos podrían vulnerar el artículo 90.3 de la Constitución. También sostienen que la tramitación de la reforma habría prescindido de los trámites esenciales previstos en el Reglamento del Senado, por lo que, según los demandantes, determinaría la invalidez de la reforma en su integridad.

Los socialistas entienden que esta reforma es "inconstitucional" y "vulnera las competencias del Congreso". La reforma se aprobó el pasado 14 de noviembre gracias a la mayoría absoluta de la que gozan los populares en la Cámara Alta. Una vez modificado el reglamento, la Mesa el Senado tendrá la potestad para decidir la urgencia con la que se tramitan las leyes que llegan del Congreso.

Cuando el Gobierno o la Cámara Baja declaran "urgente" un proyecto de ley, la Constitución da al Senado un plazo de 20 días naturales para enmendarlo o vetarlo. Sin embargo, según decía el PP en la exposición de motivos de la reforma, la Carta Magna no establece esta limitación para las proposiciones de ley al no mencionarlas explícitamente.

Así, con esta reforma en la mano, el Senado podrá no aplicar el procedimiento de urgencia y dilatará la tramitación de la ley de amnistía, presentada por el Grupo Socialista como proposición de ley. La única posibilidad de que esa dilación no se acabe concretando depende de que Tribunal Constitucional estime antes el recurso del PSOE. El primer paso se dará este martes, con la decisión de admisión o no a trámite del recurso, para después decidir si la reforma vulnera "las competencias del Congreso"

CATALÁN

Por otra parte, el Pleno del TC también ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PSOE y Sumar contra la disposición final segunda y disposición derogatoria única del Decreto-Ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario.

Este Decreto-Ley incorpora entre otras medidas “eliminar, con carácter general, la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de personal estatutario y laboral en el Servicio de Salud de las Illes Balears y sus entes instrumentales adscritos, por lo que respecta al personal que desarrolla funciones sanitarias”.

Los diputados recurrentes consideran que podría haber una vulneración de los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB), por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario. Asimismo, entre otros motivos, aducen que supone una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria (artículo 3 de la Constitución y 14 del EAIB).