La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Roberto García-Calvo y Montiel, recuerda la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que, "cuando se prueba indiciariamente que la extinción de un contrato de trabajo puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales [...] atañe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósio atentatorio del derecho de que se trate".

Para el Tribunal Constitucional, el INSS no ha acreditado que fueran otras las causas que motivaron el despido del periodista y que el mismo se hubiera producido en cualquier caso, independientemente de la militancia política o sindical del afectado.

Así, el Constitucional anula las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Juzgado de lo Social número 26 de Madrid, por las que se confirmó el despido del citado periodista.HECHOS

Según el relato de hechos probados, desde 1993 Juan Carlos García Ramírez (militante del PSOE desde 1994 y de la UGT desde 1997) cubría interinamente una vacante de periodista y redactor en el INSS, en sustitución de un trabajador que había solicitado la excedencia voluntaria. El 30 de abril de 1997 se le comunicó la extinción de la relación laboral.

La razón del despido consistía, según una carta remitida al afectado, en la asunción, por el gabinete de prensa del Ministerio de Trabajo y Auntos Sociales, de las tareas que, en materia de relaciones con los medios de comunicación social, afectan al INSS.

Casi un año antes, en julio de 1996, se hizo cargo de la Secretaría General del INSS un nuevo responsable y con su llegada se dejó de contar con los servicios del citado periodista para elaborar la revista de prensa diaria y para atender a los medios de comunicación, "retirándosele las tareas de mayor responsabilidad y relevancia que venía desempeñando hasta esa fecha, manteniendo sólo ls residuales y rutinarias".

En los primeros días de julio de 1996, Juan Carlos García Ramírez fue llamado al despacho del secretario general y manifestó que, aunque no era simpatizante del PP, mostraba su plena disposición a colaborar en las tareas del gabinete de prensa, siguiendo las indicaciones de la nueva dirección, cosa en la que insistió días después por carta.

"A primeros de septiembre de 1996 su superior jerárquica le comunicó verbalmente que dejaba de pertenecer al gabinete de comunicacón y que debía abstenerse de realizar cualquier tipo de tareas, al haber asumido las competencias el Ministerio de Trabajo", señala el relato de hechos probados. "Permaneció inactivo, sin realizar ninguna ocupación laboral, desde esas fechas y hasta el momento del cese".

En la sentencia consta que, desde que perdió sus funciones, el citado periodista intentó en varias ocasiones entrevistarse con sus superiores, sin conseguirlo.

Para el Juzgado de lo Social número 26 de Madrid, la extinción del cotrato se fundó en la decisión de trasladar todas las funciones de relación con los medios de comunicación social al Ministerio de Trabajo.