Según informó este jueves el Constitucional, su Sala Primera considera que estas decisiones fueron "proporcionadas y respetuosas con la libertad religiosa del padre, la del hijo menor y con su interés superior".

Los órganos judiciales habían otorgado a la madre "el ejercicio exclusivo de la patria potestad" sobre las decisiones de formación religiosa del menor hasta los 12 años, prohibiendo expresamente al padre llevarlo a la iglesia evangélica o adoctrinarlo en dicha fe.

El demandante argumenta que se limitaba indebidamente su libertad religiosa al impedirle compartir y enseñar su fe a su hijo, acompañarlo a la iglesia y leerle la Biblia, considerando que tenía derecho a transmitir sus creencias incluso con la oposición materna.

PROTECCIÓN DEL MENOR COMO PRIORIDAD

El Constitucional destaca que los derechos fundamentales alegados por el recurrente están estrechamente vinculados con los del hijo menor, cuyo interés superior debe prevalecer en caso de conflicto, según defendió el ministerio fiscal.

La sentencia, con ponencia del magistrado Juan Carlos Campo Moreno, descarta que se viera afectado el derecho a la formación religiosa y moral recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, ya que este se canaliza a través de la elección del centro educativo.

El tribunal recuerda que la libertad religiosa tiene "menor intensidad" cuando se intenta hacer partícipes a terceros de las propias convicciones, encontrando su límite en el derecho de estos "a no creer o no soportar los actos de proselitismo ajenos".

EQUILIBRIO Y AUTODETERMINACIÓN

Los poderes públicos deben velar porque el ejercicio de la patria potestad se realice en interés del menor, buscando un equilibrio entre las diferentes concepciones de los progenitores en casos de desacuerdo.

El fallo subraya la importancia de proteger la capacidad potencial del menor para autodeterminarse en materia religiosa una vez alcance la madurez suficiente, objetivo que se cumple con las decisiones judiciales cuya impugnación fue desestimada.

La resolución aplica la jurisprudencia previa del propio TC y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre conflictos similares relacionados con la formación religiosa de menores.

El Alto Tribunal establece que los menores son titulares plenos de sus derechos fundamentales, aunque por su edad y madurez carezcan de capacidad para ejercitarlos plenamente.

La sentencia busca garantizar un desarrollo equilibrado del menor en el ámbito religioso, respetando su derecho a formar sus propias convicciones en el futuro.