Con esta decisión, los magistrados del Tribunal Constitucional imposibilitan que la consulta popular se celebre el 25 de octubre, tal y como pretendía Ibarretxe, ya que suspenden cautelarmente hasta el 15 de diciembre la ley que regula el referéndum aprobado por el parlamento vasco.

Además, el Pleno del Tribunal Constitucional, encabezado por su presidenta, María Emilia Casas, decidió en la reunión mantenida esta mañana dar traslado de la demanda al Parlamento y el Gobierno vasco para que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en la causa y defender ante el tribunal la constitucionalidad de la ley promovida por Ibarretxe.

De forma complementaria, los 11 magistrados del Pleno acordaron habilitar el mes de agosto para que las partes puedan efectuar los trámites pertinentes y preguntar al Gobierno y al PP sobre la conveniencia de acumular sus demandas en un solo proceso.

La suspensión de cinco meses acordada hoy tendrá que ser ratificada (ampliada) o revocada por el propio Tribunal Constitucional al final de ese periodo, según estipula el artículo 162 de la Constitución.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, fundamentó su recurso en tres argumentos: que la consulta de Ibarretxe "vulnera la soberanía nacional del pueblo español", viola "la indisoluble unidad de la Nación española" y atenta contra el propio reglamento del Parlamento vasco.

El recurso presentado por el PP, según palabras de Federico Trillo, es "perfectamente complementario" al interpuesto por el Gobierno, y su objetivo es defender "la soberanía del pueblo español".