Así lo avanzó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una entrevista en Radiocable recogida por Servimedia, en la que valoró las iniciativas que Sumar trasladará a la parte socialista del Gobierno de coalición que pretenden “hacer real" la ruptura de relaciones diplomáticas y "avanzar" en la ruptura de relaciones comerciales con un gobierno, el de Israel, que, a su juicio, “está ejecutando un genocidio insoportable”.

Tras reconocer que “genera mucha frustración ver que todo lo que se ha hecho, cada pasito que se ha dado, que ha costado muchísimo, porque ha costado muchísimo también mover al PSOE en cada una de estas decisiones”, resultan “absolutamente insuficientes frente a lo que estamos viendo”, hizo hincapié en algunas de las reivindicaciones de Sumar como la urgencia de la retirada de la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Sálomon Pérez, y de “aprobar de una vez ya” la ley de embargo de armas.

“También eliminar a las empresas israelíes de los registros que rigen las importaciones y también la contratación pública, porque esa es la manera de impedir que haya un solo contrato público más, que haya una empresa que tenga vínculos directos o indirectos con la industria del genocidio en Israel”, abundó, al tiempo que subrayó también la elaboración de un protocolo de inspección de buques y aeronaves para “asegurarnos que nunca más vuelve a suceder lo que hemos conocido por la prensa, que ha habido tránsito de armas que han pasado por nuestro territorio”.

Preguntado por si cree que resulta “verosímil” que el Ejecutivo conociese dicho extremo por los medios de comunicación, Bustinduy consideró “inaceptable” dicho tránsito y puntualizó que “desde el minuto uno” Sumar está “haciendo todo lo posible para asegurar que eso no suceda”. “Y cuando eso ha sucedido, ha sido contra la posición explícitamente declarada por el Gobierno de España; no por Sumar en el gobierno, por el Gobierno de España”, apostilló, al tiempo que aseveró que, ante esas operaciones conocidas en los últimos meses que “son contrarias a la posición explícitamente declarada por el Gobierno de España”, se han encontrado con “una falta de herramientas”.

Tras instar a que las iniciativas planteadas este jueves por los de Yolanda Díaz “se aprueben ya”, Bustinduy reconoció que España tiene “un problema”, como es el hecho de que la política comercial es competencia europea y, pese a que “hace más de un año que está planteando la suspensión del acuerdo comercial con Israel, para poder materializar el boicot económico y comercial”, hay países europeos que “actúan como guardianes del gobierno israelí y que lo bloquean”.

“Y, entonces, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas que el Gobierno español puede tomar inmediatamente, que son las que hemos planteado hoy, incluido la adopción de sanciones contra ministros del gobierno de Netanyahu y del propio Netanyahu”, precisó.

EMPRESAS

Por lo que respecta a su ministerio, recordó que hace ya casi un año y medio envió una serie de cartas a empresas españolas con intereses y actividades en los territorios palestinos ocupados que generaron “un jaleo tremendo”, pero, “como consecuencia” de las cuales, varias empresas españolas comunicaron su retirada de las actividades económicas en los territorios palestinos ocupados.

Antes del receso estival, su departamento anunció que, frente a aquellas que “no hayan seguido esos pasos”, se “asegurará de que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”. “Estamos actuando y en breve haremos públicos los primeros pasos que tienen que ver, precisamente, con la salvaguarda de ese principio”, confirmó.

“Ninguna empresa que opere en España puede lucrarse a costa de lo que Francesca Albalese ha llamado la industria económica del genocidio, que hay detrás del genocidio de la ocupación y del apartheid”, abundó, en relación a un informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos.

En este contexto, Bustinduy advirtió de que va a “actuar con todos los recursos del ministerio”, si bien no pudo concretar dichas actuaciones porque “todas tienen que ser impecables y ajustarse a la legalidad vigente, como no podría ser de otra manera”. “Pero vamos a actuar en este sentido y cualquier empresa que, directa o indirectamente, esté participando, lucrándose de la ocupación ilegal de Palestina, va a tener que rendir cuentas”, resolvió.