Así lo anunció este lunes el gabinete que dirige Bustinduy en un comunicado en el que precisó que la resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el propio ministro de Consumo.

La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.

Las infracciones de la normativa de consumo, identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución son, según Consumo, en primer lugar, prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias (infracción en la letra M del artículo 47.1 del TRLGDCU, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad y publicar anuncios de alojamientos turísticos indicando un número de licencia o registro que no se corresponde con la numeración utilizada por los registros, o por publicar anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad “engañosa”.

Por ello se impone una sanción por infracción grave, por importe de 64.055.311 euros y dicha cuantía es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma.

JUSTICIA

“El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos”, según recordó Consumo. En segundo lugar, también ha identificado el incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia (infracción en la letra T del artículo 47.1 del TRLGDCU) como omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento de uso turísticos que se publicita en esta plataforma, infracción leve sancionada con 10.000 euros.

En tercer lugar, obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección (infracción en la letra I del artículo 47.1 del TRLGDCU), ya que, según el departamento de Bustinduy, la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente, lo que supondría una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

En cuarto lugar, incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente (infracción en la letra O del artículo 47.1 del TRLGDCU), infracción grave sancionada con 55.000 euros.

MÁS EXPEDIENTES

En el ámbito de la vivienda, el Ministerio mantiene también en curso distintos expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.

“Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país”, según declaró.

En paralelo, señaló que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, al tiempo que también advirtió de que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.