En las cartas enviadas a los presidentes de las dos comunidades denuncian que el objetivo del proyecto es liberar caudales para usos hidroeléctricos en Cataluña.

Según estos colectivos, el embalse constituye "una grave amenaza para la seguridad y la vida de las 4.000 personas quevivirían en aguas abajo del mismo", por el riesgo de deslizamientos.

Además, las organizaciones han denunciado al Ministerio de Medio Ambiente por posibles irregularidad en la tramitación del proyecto y han calificado de "imcompetente" la actitud de la Confederación Hidrográfica del Ebro.