Así lo manifiesta De Cos en la introducción del ‘Informe Anual 2022’ publicado este miércoles por el Banco de España, en el que explica que la estimación del impacto que las distintas medidas aprobadas podrían tener sobre los gastos y los ingresos del sistema de pensiones a lo largo de las próximas décadas “se encuentra sometida a una elevada incertidumbre”.

“En todo caso, el amplio abanico de estimaciones disponibles —del Banco de España y de otras instituciones— sugiere que, como resultado de los diversos cambios normativos adoptados desde 2021, nuestro sistema de pensiones deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos”, advierte De Cos.

Junto a la posibilidad de que se tengan que adoptar más medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, el gobernador apunta también que “se hace necesaria una evaluación rigurosa, continua y transparente de los efectos de estas reformas, incluyendo sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional”.

Además, en materia laboral, defiende que “elevar la tasa de empleo es especialmente relevante en un contexto de envejecimiento de la población y de tendencia secular de caída de las horas trabajadas”. Para ello, subraya que es necesario adecuar el marco institucional del mercado laboral y mejorar el capital humano.

El gobernador también destaca la relevancia de que se mejoren las políticas activas de empleo, se refuercen los servicios públicos de acompañamiento a quienes buscan un trabajo y que se realice una evaluación adecuada del funcionamiento de nuevas políticas como la reforma laboral.

Asimismo, sugiere seguir mejorando la formación de los ciudadanos, así como realizar un “seguimiento continuo de la capacidad de las políticas migratorias para aliviar de manera efectiva los desajustes que se produzcan en el mercado laboral”.

De la misma manera, el informe señala que el envejecimiento poblacional sería aún más acusado de no ser por la expectativa de que los flujos migratorios netos hacia nuestro país sean positivos y relativamente elevados en los próximos años”, por lo que “es preciso realizar un seguimiento continuo de la capacidad de las nuevas políticas migratorias para aliviar de manera efectiva los desajustes que se produzcan en el mercado laboral”.

Al hilo, sostiene que un aspecto adicional que puede condicionar la oferta laboral es el estado de salud de la población española y su evolución en el tiempo. “Dada su importancia, debería priorizarse la evaluación de la eficiencia del gasto público sanitario”, apuntala.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

En materia de desempleo, el informe de la institución dirigida por Pablo Hernández de Cos analiza la eficacia de las prestaciones contributivas por desempleo entre 1997 y 2019 a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL).

Sobre la duración de estas prestaciones, resalta que aproximadamente la mitad de las otorgadas entre 1987 y 2019 tenían una extensión potencial máxima de cuatro o seis meses. En el lado opuesto, un 18% de las nuevas prestaciones presentaban una duración potencial de 22 o 24 meses.

Entre los beneficiarios de las prestaciones con mayor duración potencial, tenían un mayor peso relativo las personas con más edad —de media 43 años, frente a una media de 35 años en el caso de los beneficiarios de prestaciones con duración igual o inferior a seis meses—, las de mayor cualificación —un 11,3 % de ellas se encontraban en los grupos de cotización 1 y 23, frente a un 8,5% en el caso de otras prestaciones con menor duración— y los hombres —que suponían un 63 % de este colectivo de beneficiarios—.

En el total de la muestra, aproximadamente la mitad de las prestaciones de cuatro meses se agotaron antes de que su beneficiario hubiese retornado al empleo. Este porcentaje se reduce conforme aumenta la duración potencial de la prestación, al disponer su beneficiario de más tiempo para encontrar un nuevo empleo. No obstante, incluso en las duraciones más largas, un 18% de los beneficiarios agotaron su prestación.

Con respecto a la cuantía mensual de la prestación, el Banco de España explica que más de la mitad de las prestaciones otorgadas entre julio de 2012 y 2019 tuvieron un importe mensual constante en el tiempo por presentar una duración menor de seis meses.

Además, si bien las prestaciones de mayor duración estaban, en principio, sujetas a una caída en su cuantía mensual del 70 % al 50 % del anterior salario a partir del séptimo mes, una gran parte de ellas —que representan un 32,9% del total— no mostraron eventualmente un perfil decreciente en su importe, por ser los dos porcentajes anteriores superiores al tope máximo. Asimismo, algunas prestaciones de menor cuantía —que suponen un 2,5% del total— también tuvieron una cuantía constante en el tiempo por no llegar al tope mínimo de la prestación.

REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN

En otro orden de cosas, el informe estudia la posibilidad de que modificar la duración de la prestación por desempleo pueda favorecer que las personas desempleadas se incorporen antes al mercado laboral. Así, baraja la hipótesis de que la duración potencial de todas las prestaciones se reduzca un 5%, al tiempo que el importe mensual de estas se incremente a través de un aumento de dos puntos porcentuales, sin modificar los topes mínimos ni máximos.

Como consecuencia de este cambio en el diseño del sistema de prestaciones, las probabilidades de reincorporación al empleo se elevan para todos los colectivos considerados, siendo el incremento mensual promedio de 0,11 puntos, aproximadamente, según las estimaciones del Banco de España.

No obstante, en el mismo informe, la institución precisa que es una cuestión que se debe seguir estudiando, que no incluye los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo y que habría que contemplar otras variables como que si regresar antes al empleo podría hacer que estos sean de peor calidad.