Según explicó, se trata de los presos Juan Jesús Narváez Goñi e Iñigo Vallejo Franco, que están en las listas oficiales de Etxerat, en las que son tratados como “presos políticos”, lo que Covite señala como “un indicativo inequívoco de su falta de desvinculación de las estructuras de control que tiene la izquierda abertzale sobre los presos de ETA”.

Covite censuró estas dos progresiones de grado porque, “una vez más, ninguno de estos dos etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para poder acceder al tercer grado, que es el arrepentimiento”.

“Si están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o ‘presos políticos’, no hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes. Por tanto, se trata, una vez más, de terceros grados fraudulentos", aseguró la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

El Colectivo criticó asimismo que desde la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco —la encargada de gestionar la transferencia de prisiones— que está en manos del PSE, “se han concedido 18 progresiones al tercer grado a presos de ETA, de las cuales solo una ha recaído en un etarra que no está vinculado a la izquierda abertzale”, dijo refiriéndose a Iván Apaolaza Sancho.

“Se está siguiendo a rajatabla una de las exigencias de ETA para dejar de matar: ‘vaciar las cárceles’ de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de derecho”, aseveró Ordóñez.

Covite lamentó que este “fraude” se acometa “con el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe así velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, ya que en esta fase se nos niega el derecho a las víctimas a estar personadas”.