Según las mismas fuentes, de los 27.204 expedientes de salario social tramitados a lo largo del pasado año, 2.367 -alrededor del 10%- se suspendieron al encontrar empleo el beneficiario, lo que supone 400 suspensiones más que en 1996. Asimismo, 1.912 expedientes quedaron extinguidos al encontrar el beneficiario un empleo, lo que supune 600 expedientes más que en 1997.

Bienestar Social explica que la extinción de un epediente o su suspensión va determinada por la duración del contratato laboral que ha conseguido el beneficiario del salario social. Así, los contratos indefinidos o de larga duración provocan la extinción del expediente. También se agotan aquellos expedientes suspendidos por contrato de trabajo durante más de un año.

Por otro lado, el incumplimiento de las medidas de inserción por parte de los beneficiarios lleva a la suspensión del expediente. Por este motivo, en 1997 fueron anuladas 860 ayudas.

Asimismo, dejar de cumplir los requisitos de ingresos mínimos -inferiores a la cuantía de la renta social- constituye la segunda causa de extinción del expediente.

Bienestar Social recuerda que desde julio de 1995 se permite compatibilizar la percepción de salario social -con la reducción reglamentaria establecida- con un trabajo retribuído, durante un tiempo máximo de seis meses.

El salario social, destinado a personas sin recursos económcos, es una prestación de subsistencia dotada con 42.000 esetas y está condicionada al cumplimiento de unas medidas de inserción social y laboral, según el perfil de los destinatarios.

Bienestar Social señala que el salario social permite al beneficiario hacer frente a medidas urgentes de necesidad y, por tanto, evitar un eventual deterioro psicológico y social.

Asimismo, esta ayuda está concebida para favorecer la autonomía profesional y personal de los beneficiarios, para integrarlos en la sociedad.