Cristian Lago, quien compareció ante la Comisión de Derechos Sociales en el contexto del análisis del proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Dependencia, subrayó que la normativa actual condena a personas con alto grado de dependencia, incluso a muchas personas con discapacidad que requieren "cuidados 24 horas para preservar la vida", a recibir "solo siete u ocho horas de asistencia a la semana", lo que calificó de "inconcebible” para garantizar una atención adecuada.

Como especialista en patologías que necesitan cuidados 24 horas, recordó que España mantiene "una deuda histórica" con este colectivo de personas dependientes y añadió que el porcentaje de inversión en comparación con el PIB está "muy por debajo" del de los países del entorno de España.

El activista pidió a los representantes de los grupos parlamentarios que "mantengan el consenso que han demostrado en esta materia" y que trabajen para que la Ley de Dependencia "deje atrás 17 años de travesía por el desierto" y se convierta en una herramienta real de protección. "Invertir en cuidados en una sociedad que envejece no puede ser una mala idea", insistió, y además apeló a que el debate sobre el modelo de cuidados sea "una cuestión central de política pública".

ELA: DERECHOS REALES, NO PROMESAS

En relación con la 'ley ELA', reclamó que todo el marco normativo tenga en cuenta "la diversidad de situaciones y patologías similares, de modo que nadie quede excluido". "Os pido un apoyo que no deje fuera a las personas que realmente lo necesitan. Está en vuestras manos", afirmó ante la Comisión, a la que reclamó apoyo para "lograr una norma que garantice derechos reales, no meras promesas". En este sentido, matizó que cualquier regulación debería "tener en cuenta todas las situaciones reales".

Lago definió esta ley como una norma "destinada a mejorar la atención a personas con enfermedades irreversibles o de alta complejidad que requieren cuidados permanentes". Recordó que, según la ley, quienes necesiten esta atención tendrán un reconocimiento rápido de su grado de discapacidad y dependencia, acceso a "atención continuada especializada 24 horas" cuando la enfermedad esté en fase avanzada, cuidados sanitarios y sociales integrados, y protección para sus cuidadores. El activista insistió en que la ley debe ser "útil, práctica y justa", y recalcó que ampliar su alcance o integrarlo en la Ley de Dependencia "solo tendrá sentido si se acompaña de financiación real y estable".

En el turno de las formaciones, Sumar ofreció su respaldo al activista y coincidió en la necesidad de "reforzar el sistema de cuidados". Vox, por su parte, estimó que la 'ley ELA' "debe ampliar los supuestos" o, en su defecto, incorporar todas las situaciones análogas dentro de la propia Ley de Dependencia, de manera que "la regulación sea homogénea y no deje vacíos".

DESINSTITUCIONALIZACIÓN

En su respuesta a los grupos, Lago defendió la desinstitucionalización pero advirtió que "no puede hacerse sin reforzar antes los apoyos en el domicilio", y advirtió de que plantearla sin recursos "sería una trampa para quienes dependen de cuidados permanentes". "Desinstitucionalizar sin invertir es condenar a las personas más vulnerables a un vacío de cuidados", alertó.

Lago recordó que muchas patologías de alta complejidad exigen cuidados continuados las 24 horas y que cualquier avance legislativo debe garantizar que las personas puedan vivir en su entorno "cuando así lo deseen y sea viable", evitando un modelo que, a su juicio, sigue siendo "asistencialista y claramente insuficiente".

Para concluir, este activista afirmó que la clave de cualquier reforma debe ser "preservar la vida" y asegurar que nadie queda fuera del sistema. "Necesitamos una ley que proteja de verdad", afirmó, antes de reiterar que el éxito de este proceso "está en vuestras manos", en referencia a los diputados que componen la Comisión.