De entrada, CSIF propone despolitizar la función pública, reforzando la figura del empleado público, para asegurar una administración basada en el mérito y la profesionalidad, frente a las afiliaciones políticas.

Para ello, plantea reducir la libre designación en altos cargos, de modo que los puestos de dirección en la administración (hasta el nivel de director general) no se nombren “a dedo”, sino mediante concursos públicos basados en méritos y capacidad. “Esto evitaría el clientelismo político y garantizaría profesionalidad”, ahonda.

También reclama la profesionalización de la función pública, mediante la creación de un cuerpo directivo profesional, formado por funcionarios con carrera administrativa consolidada. Limitar al máximo el uso de asesores políticos o personal eventual en puestos técnicos o de gestión es otra iniciativa de CSIF.

Del mismo modo, urge a impulsar un protocolo anticorrupción controlado por personal empleados públicos y no por partidos, para prevenir la corrupción institucional. También exige un pacto de Estado para blindar la independencia de los funcionarios.

Asimismo, reclama “transparencia administrativa real”, con mayor acceso a bolsas de empleo, concursos de traslados, relaciones de puestos de trabajo, gratificaciones y cualquier proceso de selección o nombramiento. Se trataría así de evitar la opacidad y los privilegios ocultos. Igualmente, apremia a reducir el número de asesores y cargos eventuales, limitando “drásticamente” el número de asesores designados por criterios políticos, y que esos roles se sustituyan por funcionarios especializados.

CSIF pide que al menos el 50 % de las plazas en ofertas de empleo público se reserven para promoción interna, al tiempo que demanda concursos de traslado regulares, para que los funcionarios puedan progresar sin “favoritismos”.

Mejorar la dotación del personal de Justicia; aumentar las penas por malversación de fondos públicos; reforzar la Agencia Tributaria, y el desarrollo del proyecto de Policía Fiscal que CSIF lleva proponiendo desde hace 5 años, con un plan de inspección específico que investigue las ganancias patrimoniales no justificadas.