El sindicato señaló que “es muy grave” que en mayo los funcionarios todavía no hayan cobrado ese medio punto pendiente de incremento salarial y que tampoco se haya actualizado sus sueldos para compensar la subida del IPC de 2024.

“Calculamos que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC”, expresó la organización en un comunicado.

CSIF reclamó al Ejecutivo que apruebe por decreto la subida salarial pendiente, como ya hizo en marzo con el personal militar. Además, trasladarán una petición formal al presidente del Gobierno ante la inacción del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El sindicato también pedirá a los grupos parlamentarios la presentación de una proposición de ley para que los sueldos de los empleados públicos se revaloricen cada año con el IPC, al margen del porcentaje adicional que se pacte en la negociación.

CSIF manifestó este jueves otras de sus reclamaciones, como una la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, sin tasa de reposición; la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones; la equiparación salarial entre administraciones; la mejora de las condiciones de jubilación; y la adecuación de los grupos profesionales.

LEY DE ESTABILIDAD

El sindicato también denunció que la tasa de temporalidad de las Administraciones Públicas está estancada en el 30%, lo que supera “ampliamente” el 8% acordado con Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021.

CSIF recordó que este incumplimiento ha hecho que la UE abra dos expedientes de infracción a España, que podrían culminar “con la imposición de una sanción millonaria”.

A juicio del sindicato, el Gobierno ha “fracasado” en sus procesos de estabilización, ya que en cuatro años solo se han ofertado 544.151 plazas, con un 32,7% de ellas sin cubrir. No obstante, ese porcentaje podría ser mayor, ya que casi el 40% de los consistorios no ha facilitado esa información a Función Pública, según CSIF.

Además, lamentó que las administraciones han seguido ofertando plazas temporales para cubrir sus necesidades de personal, puesto que la tasa de reposición sigue vigente.

El sindicato también mostró su preocupación por la pérdida de 92.100 puestos de trabajo en las administraciones públicas durante el primer trimestre, como mostró la Encuesta de Población Activa (EPA), “como consecuencia del envejecimiento de las plantillas”.

En esta línea, CSIF advirtió de que más del 60% de los empleados públicos tiene más de 50 años y en la próxima década se podría jubilar cerca del 30% de la plantilla actual de la Administración General del Estado.