Así lo anunciaron este martes en un comunicado en el que explicaron que la alianza nace con el objetivo de contribuir al debate público y al diseño e implementación de las políticas de vivienda, tanto a nivel estatal como autonómico, para que estas sean “accesibles e inclusivas” para toda la ciudadanía, poniendo “especial énfasis” en las personas y grupos en distintas situaciones de vulnerabilidad o exclusión para garantizar la “equidad” de las políticas de vivienda.

Las cuatro entidades han acordado poner en común su conocimiento y experiencia, intercambiar aprendizajes con otros actores y construir soluciones que han de incorporarse a las políticas generales, “capaces de dar respuesta a necesidades específicas que hoy no están adecuadamente cubiertas”. Asimismo, la alianza pretende “combatir” enfoques “estigmatizantes” que dificultan el acceso a la vivienda.

"La discriminación por origen étnico o racial es una realidad que afecta a muchas personas gitanas o migrantes cuando quieren alquilar una casa; es una barrera estructural en el acceso a una vivienda, por eso es necesario establecer mecanismos de respuesta ante estas situaciones que garanticen la igualdad en el acceso a una vivienda y desde la Alianza tenemos propuestas en esta dirección", señaló al respecto la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez.

PLAN ESTATAL

El principal motor de esta Alianza ha sido la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (PEV), aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que movilizará, a través de las comunidades autónomas, más de 7.000 millones de euros hasta 2030.

Las cuatro entidades han participado activamente durante el proceso de elaboración del Plan, realizando aportaciones técnicas de mejora. Tras su aprobación, la alianza aunará esfuerzos para incidir en el despliegue del Plan, poniendo el foco en aquellos aspectos que consideran clave y que deberán reflejarse en los convenios entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas, así como en los programas autonómicos que se desarrollen.

Uno de los ámbitos prioritarios de trabajo de la alianza es la necesidad de establecer conceptos claros y homogéneos en las políticas de vivienda, que fijen estándares mínimos, garanticen la igualdad de trato y aporten seguridad jurídica a las actuaciones.

Desde las organizaciones advierten de que la falta de claridad, por ejemplo, en la definición y la acreditación de la vulnerabilidad, ha convertido este concepto en muchas ocasiones en un cajón de sastre que da lugar a criterios incoherentes y excluyentes.

El director general de HOGAR SÍ, José Manuel Caballol, señaló que las entidades sociales pueden “colaborar activamente en que el PEV sea efectivamente inclusivo”. “Proponemos que se habilite a las entidades sociales para la acreditación de las situaciones de vulnerabilidad que dan acceso prioritario a las medidas del PEV. Esta medida ha sido usada con éxito en otros ámbitos como en el reciente proceso de regularización de emigrantes o en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital y asegura agilidad y la capacidad para llegar a las personas desconectadas del sistema público de Servicios Sociales por razón de su proceso de exclusión”, abundó.

CLAVE

Otro de los elementos “clave” para el éxito del Plan, según la alianza, es el impulso decidido del parque de vivienda social y asequible. En este ámbito, las organizaciones destacan el papel fundamental que deben desempeñar las entidades sociales proveedoras de vivienda, una figura que por primera vez queda reconocida en el marco del propio Plan Estatal.

La Alianza por la Vivienda Inclusiva subraya también la importancia de garantizar la protección permanente de las viviendas financiadas con fondos públicos, evitando que, una vez finalizados los plazos mínimos legales, estas salgan del parque social o asequible. Las organizaciones advierten de que, sin mecanismos efectivos de protección, seguimiento y reversión, existe el riesgo de repetir procesos de descapitalización del parque público ya vividos en el pasado.

"La ampliación del parque de vivienda social y asequible es condición necesaria, pero no suficiente. Para que las personas en situación de exclusión puedan beneficiarse de él, hacen falta dos garantías adicionales que la Alianza considera irrenunciables. La primera es que una parte explícita de ese parque quede reservada para entidades que gestionan proyectos de inclusión social acreditados. Sin esa reserva, la competencia en el mercado sigue actuando en contra de quienes más lo necesitan. La segunda es la protección permanente de las viviendas financiadas con fondos públicos: no podemos permitirnos repetir la descapitalización del parque público que ya vivimos en el pasado cuando expiraron los plazos de protección”, defendió la co-directora de Provivienda, Gema Gallardo.

La alianza destaca también que el acceso a la vivienda es un elemento central de la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, que reconoce la vivienda como condición básica para garantizar cuidados en entornos no institucionalizados, respetando la autonomía personal y evitando la segregación.

En este sentido, las organizaciones consideran imprescindible que las actuaciones del Plan contemplen de manera específica a las personas que actualmente reciben atención en programas, como los de atención a la discapacidad o los recursos de atención al sinhogarismo, facilitando itinerarios reales hacia una vida autónoma en la comunidad.

Otro aspecto clave es el de los asentamientos chabolistas y enclaves segregados, que el Plan contempla. Para que estos procesos sean verdaderamente inclusivos, las entidades insisten en la necesidad de establecer protocolos de actuación en los realojos que incluyan criterios de dispersión territorial y eviten una nueva concentración, garantizando siempre el acompañamiento social necesario en cada caso para asegurar procesos inclusivos.

"Este Plan debe incorporar a una parte de la ciudadanía invisibilizada tradicionalmente de las políticas de vivienda debido a las barreras que encuentra para su emancipación por falta de apoyos, medidas de accesibilidad y acompañamiento a lo largo de la vida. Efectivamente, los datos manifiestan que son las que más sufren los procesos de institucionalización, como las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Un Plan sensible a las personas con mayores necesidades de apoyo será un indicador clave para evaluar su éxito”, sentenció el director de Plena Inclusión, Enrique Galván.

Las cuatro organizaciones están ultimando un documento conjunto de recomendaciones para el despliegue del Plan Estatal de Vivienda y han solicitado ya una reunión con la ministra de Vivienda, como primer paso de una ronda de contactos que se extenderán también a las comunidades autónomas y a las principales fuerzas políticas.