Cuerpo aseguró en una entrevista en la Ser que España está “siguiendo al pie de la letra” la normativa nacional y que, por tanto, el pronunciamiento de Bruselas tiene que centrarse en “el alineamiento” de las reglas españolas a las europeas.

“Nosotros creemos que nuestra normativa, que ya se puso a prueba en otras operaciones, está perfectamente alineada con la iniciativa europea”, recalcó el ministro.

Las aclaraciones de Cuerpo se producen después de que la Comisión Europea avisara este martes de que no veía ninguna razón para rechazar o bloquear la opa, después de conocerse la decisión de Economía de elevar la opa al Consejo de Ministros.

“Espero que no haya ningún tipo de conflicto (con Bruselas). Estamos siendo muy respetuosos con el marco doméstico y no debería haber ningún tipo de conflicto (…). Estamos siendo garantistas con el procedimiento”, agregó.

Cuerpo también explicó que esta decisión se tomó después de encontrar en la consulta pública, así como en los informes de otros Ministerios, “razones de interés general que no quedaban cubiertas en el proceso” y que, por tanto, eran distintas a las de impacto financiero ya analizadas por el Banco Central Europeo (BCE) y de las de competencia estudiadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

En concreto, el ministro se refirió a cuestiones relacionadas con la inclusión financiera, el mantenimiento de la red bancaria rural, la protección del empleo, el crédito a las pymes y la cohesión territorial que generan los bancos regionales. En el caso concreto de Sabadell, habló de su arraigo en Cataluña, pero también en otras zonas como la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

“En la configuración del sistema financiero, la diversificación es un activo; tener bancos grandes, pero también medianos y pequeños que estén aterrizados en el territorio”, defendió el ministro.

Asimismo, informó de que la tarde del martes habló tanto con el presidente del BBVA, Carlos Torres, como con el de Sabadell, Josep Olui, para trasladarles la decisión y ambos agradecieron la llamada, sin entrar en discutir el fondo.

Cuerpo señaló que ninguno de los dos se mostró sorprendido por la elevación al Consejo de Ministros, ya que desde hacía tiempo se estaba hablando de esa posibilidad.

El Gobierno tiene ahora un plazo de 30 días naturales para analizar si impone condiciones adicionales, distintas a las de Competencia, que reflejen el interés general.