Tribunales

La cúpula Fiscal avala a su 'número dos' y rechaza admitir a trámite la querella del novio de Ayuso por revelación de secretos

MADRID
SERVIMEDIA

La Junta de Fiscales de Sala reunida este miércoles desde las 9.30 avaló el criterio de la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, de no admitir a trámite la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscal Jefa provincial de Madrid y un fiscal de esa fiscalía. La 'número dos' del Ministerio Público defendió este miércoles que no hay delito ni existen indicios contra los querellados.

La Junta de Fiscales de Sala analizaba este miércoles su respaldo a la actuación de la Fiscal Jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y del fiscal Julián Salto, encargado de la investigación del caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Sobre ambos pesa una querella el Colegio de Abogados de Madrid (ICM) por un delito de revelación de secretos tras emitir la Fiscalía provincial de Madrid una nota de prensa en la que daba detalles sobre el acuerdo de conformidad entre el abogado del Alberto González Amador y el Ministerio Público.

Fuentes presentes en la reunión explicaron que la fiscal encargada del caso de la querella, María de la O Silva, intervino por la mañana para defender la necesidad de practicar las diligencias necesarias para aclarar los hechos y decidir después si lo sucedido tiene alguna relevancia penal.

La reunión de este miércoles se celebró a instancia de esta fiscal, que invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé la reunión de este órgano cuando un fiscal de inferior categoría mantenga un criterio discrepante con el de su superior. En este tipo de casos, el dictamen de la Junta de Fiscales de Sala es preceptivo aunque no vincula las posteriores decisiones del Ministerio Público.

La Junta de Fiscales de Sala está compuesta por 37 fiscales que son la cúpula del Ministerio Público. A la reunión de este miércoles faltaron los fiscales de Sala Jesús Tirado, Antonio Vercher, Alejando Luzón y Elvira Tejada. Además, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se abstuvo como responsable de haber dado la orden de difundir la nota de prensa cuya publicación se analiza en esta reunión.

Frente a la posición de Silva, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y 'número dos' del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, era contraria a la admisión de la querella interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra los dos fiscales.

POR MAYORÍA

De los 32 Fiscales de Sala que participaron en la reunión, 19 se pronunciaron a favor de solicitar el archivo de la querella, 12 defendieron la apertura de una investigación y uno se abstuvo.

La 'número dos' de la Fiscalía defendió en la reunión que se rechazara la admisión a trámite de la querella y recordó que el Ministerio Público ya pidió rechazar otra denuncia presentada contra los mismos fiscales por el Colegio de Abogados de Madrid en relación a los mismos hechos. Esgrimió también que la nota de prensa sólo iba dirigida a matizar informaciones falsas difundidas con anterioridad sin dar datos reservados de los afectados.

Tras la abstención del fiscal general, que el pasado 15 de abril asumió en primera persona la responsabilidad de la publicación de esa nota de prensa, Sánchez Conde fue la encargada de fijar la posición final de la Fiscalía.

El comunicado de la Fiscalía provincial de Madrid se difundió después de que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, filtrara a varios medios de comunicación una información falsa en la que se afirmaba que fue el Ministerio Público el que ofreció un pacto a González Amador que, según esa versión, habría sido frenado por órdenes superiores.

Los fiscales emitieron un comunicado en el que daban cuenta de los correos electrónicos del abogado de González Amador en los que admitía la comisión de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental y pedía un acuerdo. Precisamente en las últimas horas se ha conocido que la pareja de Díaz Ayuso aceptó ocho meses de prisión y medio millón de euros para dejar zanjado el asunto sin llegar a juicio.

(SERVIMEDIA)
24 Abr 2024
SGR/clc