Así se desprende de la cuarta edición del ‘Barómetro de las Catástrofes en España’, presentado este miércoles en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes, celebrado en el Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid.

El informe, elaborado por la Asociación Cluster Catástrofes, recoge datos de la Fundación ONCE y Cermi CV y enfatiza que las trágicas consecuencias de la dana en vidas humanas -236 víctimas mortales (7 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía oriental y 228 en la Comunidad Valenciana, según Protección Civil)- revelan “el impacto desproporcionado de estas catástrofes sobre los colectivos más vulnerables”. De hecho, más de un centenar de las personas fallecidas tenía 70 años o más.

Más de 300 agentes vendedores de la ONCE sufrieron incidencias y unos 200 de ellos tuvieron que dejar sus tareas temporalmente, lo que supuso una pérdida de unos 300.000 euros en rentas de trabajo.

“La vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad no es una condición inherente a la discapacidad, sino el resultado directo de un entorno con barreras físicas, comunicativas y sociales que agravan drásticamente su exposición al riesgo”, según el capítulo del informe titulado 'Lecciones de la dana 2024 para la evacuación inclusiva y la atención a personas con discapacidad', presentado por Lourdes González, responsable de Accesibilidad Tecnológica de la Fundación ONCE.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

El Barómetro añade que “la respuesta a esta crisis ha demostrado que la accesibilidad universal es una herramienta transformadora que fortalece la resiliencia comunitaria y optimiza la eficacia de la respuesta ante las emergencias”.

Además, denuncia que “la catástrofe ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de apoyo existentes”. “La insuficiencia en la planificación de la evacuación y el rescate fue un fallo estructural, ya que los planes de emergencia genéricos demostraron ser insuficientes y, de facto, discriminatorios”, subraya.

La crisis provocada por la dana afectó a 32 centros residenciales, de manera que 1.315 personas se quedaron sin acceso a terapias, tratamientos y actividades vitales para su desarrollo.

Más de 10.000 ascensores quedaron fuera de servicio por la dana, lo que agravó la situación de aislamiento. Unas 5.000 personas con algún tipo de discapacidad, dependencia o movilidad se vieron afectadas directamente por la falta de funcionamiento de los elevadores en sus viviendas.

La avería de los ascensores supuso el confinamiento forzoso de las personas con movilidad reducida, que no pudieron realizar actividades esenciales como acudir a citas médicas, recibir terapias o, simplemente, salir de casa.

Además, los daños del siniestro en infraestructuras viarias y de transporte público limitaron el acceso a servicios esenciales, lo que resulta “especialmente crítico para colectivos con alta dependencia de la silla de ruedas”, según el análisis.

SISTEMAS DE ALERTA

El Barómetro también pone en evidencia los fallos en los sistemas de alerta y comunicación inclusiva, “especialmente los difundidos por medios sonoros (sirenas, megafonía), que resultaron completamente ineficaces para las 450 personas sordas identificadas en las zonas más impactadas”.

De igual forma, la interrupción de la electricidad y las telecomunicaciones, junto a la pérdida o daño de dispositivos móviles, impidió el uso de canales de comunicación digitales, que son vitales para el colectivo sordo. Para las personas sordociegas, la falta de formatos táctiles o vibratorios supuso un aislamiento casi total.

La interrupción del acceso a medicación vital y a terapias esenciales reveló una grave falta de planes de contingencia en el sistema público. El cierre de farmacias, la inaccesibilidad de los centros de salud y la pérdida de recetas médicas dejaron a muchas personas sin los tratamientos necesarios.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones de la Fundación ONCE y CERMI CV se encuentra la aplicación del Plan de Emergencias Inclusivo (PEI) en todas las políticas y planes de emergencia de las administraciones públicas, lo que exige un cambio de paradigma: pasar a un modelo preventivo de “gestión del riesgo”.

Según el informe, el PEI debe incluir un registro oficial de vulnerabilidad, accesible y voluntario que identifique a las personas con discapacidad y a otros colectivos vulnerables.

De igual forma, califica de “fundamental” aplicar de manera estricta el principio de “reconstruir mejor”, sin limitarse a reparar lo dañado”, y apunta que toda la infraestructura dañada debe reconstruirse bajo los principios del diseño y la accesibilidad universal, lo que supone eliminar barreras arquitectónicas, instalar sistemas de transporte accesibles y asegurar la accesibilidad cognitiva con señalética clara y pictogramas.

La hoja de ruta de la Fundación ONCE para una evacuación y recuperación inclusivas recomienda también formación y simulacros inclusivos obligatorios, crear un fondo social específico, impulsar la innovación y la tecnología inclusiva para emergencias, y establecer un Observatorio de Emergencias y Discapacidad.