Daño cerebral adquirido

Daño Cerebral Estatal pide en el Congreso una estrategia nacional de atención

MADRID
SERVIMEDIA

La presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, reclamó este martes la aprobación de “una estrategia nacional" sobre daño cerebral adquirido (DCA) que permita “unificar criterios” de actuación, la existencia de “unos protocolos conocidos por todos” y “la derivación automática” de las personas afectadas a los recursos adecuados.

Cabellos realizó esta petición durante su comparecencia ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde planteó las principales demandas del colectivo.

Según destacó, cada año se producen en España 120.000 casos de ictus, de los que el 45% desarrollarán discapacidad. El DCA “es la primera causa de discapacidad sobrevenida en el mundo desarrollado”, alertó, y subrayó que en España hay casi medio millón de personas en esta situación.

"Irá además en aumento”, avanzó, pues “en los últimos años, la incidencia del ictus en personas de 20 a 60 años ha aumentado un 25%". Se estima que una de cada seis personas en el mundo sufrirán un ictus a lo largo de su vida, agregó Cabellos.

A su juicio, esta tendencia al alza se debe “a que cada vez se salvan más vidas” gracias a los avances de la medicina. Ahora bien, “se necesitan recursos” para garantizar una atención de calidad a los supervivientes, exigió, porque “una vida salvada merece ser vivida con dignidad”.

TRES ETAPAS

Cabellos detalló las tres fases por las que atraviesan todas las personas que sufren un accidente cerebrovascular y sus familias.

“La primera es la etapa aguda", donde lo importante “es la atención médica y salvar la vida de los afectados”, apuntó. “Aquí tenemos pocas quejas”, admitió, más allá de pedir “más flexibilidad” en la admisión de pacientes en comunidades autónomas distintas a la de origen.

A continuación, las personas y sus familias se enfrentan “a la fase subaguda”, prosiguió, que llega cuando el paciente consigue el alta hospitalaria. Subrayó que la rehabilitación de las personas afectadas por DCA requiere “de un equipo multidisciplinar y de una buena coordinación sociosanitaria”, además de que “el proceso empiece lo antes posible”.

Y, sin embargo, la mayoría de los pacientes se van a su casa “sin un recurso adecuado asignado”, lamentó. Esto provoca que las familias asuman funciones como “cuidadoras y rehabilitadoras para las que no están preparadas”, advirtió.

Según Cabellos, la asistencia continuada al DCA solo se ofrece a las personas que, tras el alta hospitalaria, están diagnosticadas con daño cerebral. “No existe un código común al alta”, denunció, y muchos pacientes salen “con una lesión cerebral” para la que no tienen un nombre concreto, por lo que la posibilidad de recibir atención continua depende del lugar de residencia de la persona, de la capacidad económica de su familia y de la causa que provocó el DCA, resumió.

“En el mejor de los casos, estas personas reciben seis meses de rehabilitación”, criticó, cuando los estudios sugieren que esta debería durar entre 10 y 12 meses para los ictus y de 18 a 24 meses en en los traumatismos craneoencefálicos.

HAGAN CUENTAS

Indicó que en España hay unas 3.000 plazas de residencia para dichos tratamientos, de las que solo un 19% son públicas. “Si cada año se produce 120.000 nuevos casos, hagan ustedes cuentas”, dijo Cabellos a los diputados. Lamentablemente, hay personas que reciben “algunas sesiones de rehabilitación ambulatorias” y se van a su casa.

Por último llega “la fase crónica”, afirmó, donde las personas con DCA y sus familias se enfrentan a “unas secuelas muy complejas” y a la falta de coordinación socioasistencial.

Cabellos destacó en este punto la importancia del movimiento asociativo a la hora de paliar todas estas carencias, y reclamó “una estrategia nacional o plan nacional" de atención, que permita garantizar la atención "de calidad, universal y gratuita" que las personas afectadas y sus familias necesitan, unos "protocolos conocidos por todos” los especialistas y que “la derivación a los recursos adecuados sea automática”.

En su opinión, dicha estrategia “debería contar con una memoria económica previa y con un censo” de las personas con DCA, a fin de “dimensionar las necesidades y los recursos disponibles de forma adecuada”.

MENORES

Por último, Cabellos llamó la atención sobre “la invisibilidad” de los menores con DCA. “Se cree que a los niños esto no les pasa y no es verdad”, por lo que exigió la creación de “unidades de código ictus dentro de los servicios de pediatría”.

Se estima que en España hay unos 2.700 niños con DCA, de los que 2.400 lo son a causa de un ictus. La razón de esta invisibilidad se debe a que “si no tienen secuelas, muchos son escolarizados con algún apoyo” y no son clasificados con tal.

También lamentó que muchas veces, estos niños son derivados a centros de parálisis cerebral o a recursos específicos de otras discapacidades, “donde reciben muy buenos tratamientos, pero no son los más adecuados”.

Finalmente, declaró que el DCA puede conllevar secuelas físicas (pérdidas de movilidad), sensoriales (problemas de visión y audición), conductuales (problemas para regular las emociones, impulsividad..), de salud mental (depresión, ansiedad…), de comunicación (dificultades en el habla), orgánicas (control de esfínteres), cognitivas (problemas de atención, memoria, somnolencia…), emocionales, etc.

“Estamos hablando de una pluridiscapacidad” que debería reconocerse de forma específica y no quedar englobada dentro de otra.

Cerró la comparecencia Paloma, una mujer con DCA desde los 24 años, por el que sufre afasia y problemas de movilidad.

(SERVIMEDIA)
19 Nov 2024
AGQ/clc