En el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Servimedia, el PP insta al Gobierno a aprobar una estrategia estatal para las grandes necesidades de apoyo, que reconozca las “particularidades” de las personas con parálisis cerebral y que “garantice su derecho a una vida digna”, dotándola de los “recursos necesarios” para que las comunidades autónomas puedan ofrecer los apoyos “precisos” en todo el territorio nacional.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ve “urgente y necesario” que el Ejecutivo central “impulse” una estrategia estatal “específica” para las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, elaborada “en diálogo” con el movimiento asociativo y en “coordinación” con las comunidades autónomas.

A su juicio, esta estrategia debe tener como objetivos, en primer lugar, “reconocer” y “visibilizar” las “particularidades” de la parálisis cerebral y las grandes necesidades de apoyo, “incorporando su realidad de forma transversal en todas las políticas públicas”.

Junto a ello, urge a garantizar la equidad territorial en el acceso a los apoyos y servicios, estableciendo estándares mínimos de calidad y dotaciones básicas en todo el territorio nacional y pide asegurar la sostenibilidad y suficiencia de los recursos, incrementando la financiación pública y promoviendo una coordinación “efectiva” entre los ámbitos sanitario, social, educativo y laboral.

Asimismo, emplaza a fomentar la formación y especialización de los profesionales que intervienen en la atención a estas personas, así como la sensibilización de la sociedad sobre sus capacidades y derechos.

Además, llama a potenciar la autonomía personal y la vida independiente, facilitando el acceso a la asistencia personal, la tecnología de apoyo y los servicios centrados en la persona y apuesta por apoyar a las familias cuidadoras, garantizando el descanso, la conciliación y los recursos necesarios para su bienestar emocional, social y económico.

“Una estrategia estatal de este tipo no solo contribuiría a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y discapacidad, sino que consolidaría un modelo de sociedad más justa, inclusiva y solidaria”, abunda.

En este sentido, estima que el reconocimiento de la parálisis cerebral y de las grandes necesidades de apoyo como una “prioridad” política y social “debe traducirse en medidas concretas, coordinadas y evaluables” que garanticen una “vida digna a todas las personas, sin excepción ni discriminación por razón de territorio”.

“En definitiva, la puesta en marcha de una estrategia estatal no es solo una cuestión de políticas públicas; es un deber ético, un compromiso con la igualdad y una expresión real del valor de la dignidad humana como fundamento de nuestro Estado social y democrático de derecho”, sentencia, con el convencimiento de que, en la actualidad, la atención que reciben estas personas se caracteriza por una “notable desigualdad territorial, una fragmentación competencial y una insuficiencia de recursos y apoyos” que, a su juicio, “impiden asegurar la igualdad de oportunidades en todo el Estado”.