En un escrito presentado por el abogado del hermano del presidente, y al que ha tenido acceso Servimedia, se reclaman explicaciones a la juez Biedma sobre la "contradicción" entre la providencia del 14 de mayo y el auto del 22 de mayo que ordena la apertura del juicio oral.

Los abogados del acusado señalan que la providencia de mayo establecía que debía esperarse "al resultado de los recursos que se interpongan contra el Auto de Procedimiento Abreviado para acordar la resolución que proceda con respecto a la apertura del juicio oral".

La defensa argumenta que aún están pendientes de tramitación y fallo varios recursos de apelación, "entre ellos, nada menos que el del Ministerio Fiscal", por lo que solicita que se motive "la causa o causas provocadoras del radical cambio de criterio".

COMPETENCIA JUDICIAL EN DISPUTA

El escrito también cuestiona que sea un Juzgado de lo Penal el encargado del enjuiciamiento, como establece el auto de apertura de juicio oral, y sostiene que debe ser la Audiencia Provincial de Badajoz.

Los abogados argumentan que al tratarse de un delito de prevaricación, que conlleva una pena de inhabilitación de naturaleza grave, corresponde a un tribunal colegiado encargarse del caso.

La defensa invoca el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el juez de instrucción debe señalar el órgano competente para conocer y fallar la causa.

Los representantes legales de Sánchez califican de "manifiestamente errónea" la asignación de competencia efectuada provisionalmente por las acusaciones populares en este procedimiento.

GARANTÍAS PROCESALES

La defensa argumenta que estas "antinomias" en las resoluciones judiciales afectan al "derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a los principios constitucionales de seguridad jurídica".

El escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz solicita formalmente la aclaración del auto del 22 de mayo en relación con estos aspectos procesales.

La causa, que se tramita como Diligencias Previas 965/2024, incluye como acusación popular a la organización Manos Limpias y otros coadyuvantes en el procedimiento judicial.

Los abogados de Sánchez fundamentan su petición en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la solicitud de aclaraciones a las resoluciones judiciales.