El presidente del grupo parlamentario IU-ICV, Gaspar Llamazares, se dirigió por escrito al Ejecutivo para pedirle información sobre las acciones legales contra la agencia Namsa por las irregularidades detectadas en la contratación del avión en el que fallecieron los militares en Turquía.

En su respuesta, el Ejecutivo afirma que "el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor de la Defensa, ha reclamado a la agencia NAMSA, por escrito y en sucesivas reuniones, que asuma sus responsabilidades por incumplir sus obligaciones derivadas del contrato (SP-17) suscrito a principios de 2002".

"En concreto, NAMSA no supervisó el cumplimiento de la obligación de suscripción del seguro de 75.000 dólares por pasajero, y no controló las sucesivas subcontrataciones efectuadas sin su conocimiento y autorización previa", especifica Defensa.

Añade que, "a la vista de la diferencia entre el precio pagado por la última empresa de la cadena de subcontratas (38.500 euros) y el precio comprometido por España con NAMSA (149.000 euros), ésta incumplió su principal objetivo de "obtener, a través de licitaciones internacionales, los precios más favorables para materiales y servicios".

El Gobierno añade que el director general de la agencia, en escrito fechado el 7 de junio de 2005, manifiesta que "NAMSA acepta su responsabilidad, dentro de los límites de la carta y normativas de Organización de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN (NAMSO), por desconocimiento de los incumplimientos del contrato de Chapman Freeborn Airmarketing", uno de los intermediarios en la cadena de subcontrataciones.

"NAMSA reconoce que desconocía la totalidad de la cadena de subcontratistas y que no hubiera informado a los subcontratistas de Chapman de la obligación de tener contratada una cobertura de seguro", concluye el escrito remitido a IU- ICV por el departamento que dirige José Bono.