En un comunicado, lamentó que “no existe” la “necesaria transparencia” en torno a los datos de cierres de camas previstos para este verano y juzgó “intolerable el que no se hayan hecho públicos por parte de las distintas comunidades autónomas”.

Tras puntualizar que sus estimaciones “tienen limitaciones” porque no incluyen los centros privados concertados donde, a su juicio, “resulta aún más difícil conocer los datos y donde obviamente también se van a cerrar camas”, advirtió de que los cierres “no son homogéneos durante todo el verano cambiando de semana a semana”, por lo que en su cálculo ha incluido “el momento de mayor incidencia”

Junto a ello, consideró “obvio” que hay territorios donde la población disminuye en verano, “especialmente” en las ciudades del centro del país, y que durante la época estival “suele disminuir la demanda asistencial”, recordó que las zonas costeras y algunas poblaciones del interior “ven incrementada notablemente su población en este periodo veraniego y, por lo tanto, la demanda asistencial”.

“Además, hay unas listas de espera muy prolongadas y debería aprovecharse este momento para intentar reducirlas”, aseveró, al tiempo que tildó de “excesivo” el porcentaje de camas que se cierra, que, según sus cálculos, “en ningún caso debería de superar el 10% de las camas y en las zonas receptoras de población debería estar por debajo del 5%”.

Por último, afirmó que el motivo de estos cierres es “puramente economicista” y obedece a una intención de “ahorrar en el personal necesario para mantenerlas abiertas cubriendo a quienes están de vacaciones”.