Telecomunicaciones

Defensa tiene poder de veto para frenar la entrada de la saudí STC en Telefónica

Madrid
SERVIMEDIA

El Ministerio de Defensa cuenta con poder de veto para la entrada de inversores extranjeros en empresas que realicen actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, por lo que puede frenar la entrada de la saudí STC en el accionariado de Telefónica.

Saudi Telecom Company (STC) Group ha adquirido una participación del 9,9% en Telefónica por un importe de 2.100 millones de euros. STC se convierte así en el principal accionista del primer operador de telecomunicaciones en España, por delante de Criteria-CaixaBank (5,50%), BBVA (4,87%) y el fondo Blackrock (4,48%).

No obstante, tal y como recoge el real decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, también conocido como el ‘escudo antiopas’, existe un régimen de autorización previa cuando la operación de inversión extranjera afecte a actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como las que afectan a las capacidades industriales y áreas de conocimiento necesarias para proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas de las capacidades militares necesarias.

Igualmente atañe a las empresas cuyas actividades se destinen a la producción (entendiendo por tal el diseño y la fabricación), el mantenimiento o el comercio de material de defensa en general, de acuerdo con la Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en materia de inversiones extranjeras en España.

Cabe recordar que Telefónica es socio tecnológico del departamento que lidera Margarita Robles para, entre otras cosas, desplegar las redes 5G de las Fuerzas Armadas. Tal y como publicó Infodefensa, la multinacional española se ha hecho en lo que va de año con media docena de contratos del Ministerio de Defensa.

A los proyectos relacionados con el 5G de la Armada y el Ejército de Tierra hay sumar otros dos contratos valorados en más de 150 millones de euros. Por un lado, la empresa trabaja ya en la instalación de la nueva red de telecomunicaciones del departamento que dirige Margarita Robles por 120 millones y, por otros, está implantando la escuela de operaciones en ciberdefensa. Este último proyecto tiene un presupuesto de 35 millones.

FILTRO DEL CNI

Las solicitudes de autorización de los inversores deben dirigirse a la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, actualmente el almirante Aniceto Rosique (Digam).

La resolución del expediente corresponderá al Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Defensa, Margarita Robles y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores. El plazo máximo para resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado será de tres meses.

La citada Junta de Inversiones Exteriores está integrada por una presidencia, que ostenta ahora mismo la directora general de Comercio Internacional e Inversiones, Alicia Rocío Varela. Asimismo, como vocales actúan un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y un representante de la Dirección Operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Además, serán vocales un representante de cada Ministerio con rango mínimo de subdirector general o asimilado.

EXCEPCIÓN

Existe una excepción para el requisito de autorización cuando se haya alcanzado entre el 5 y el 10 por ciento del capital social de una empresa estratégica, siempre y cuando el inversor notifique la operación a la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Además, el inversor deberá acompañar dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada.

(SERVIMEDIA)
06 Sep 2023
MGN/gja/nbc