Así lo indica el documento presentado este viernes por el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que en su apartado de Hacienda hace mención al impacto que, en el ámbito de la administración tributaria, tiene “la apuesta de las administraciones por priorizar las vías digitales de comunicación como medio habitual —y en ocasiones único— para la tramitación de los procedimientos fiscales, lo que constituye una manifestación más de la denominada ‘brecha digital’”.

“Esta institución viene prestando especial atención a la indefensión que crea la digitalización para un colectivo de ciudadanos más vulnerable”, indica el informe, que destaca especialmente a “las personas mayores poco habituadas a utilizar la tecnología, aquellas que no pueden acceder a los servicios digítales y las que no disponen de capacidad económica para acudir a los servicios de un gestor”.

Por ello, el Defensor del Pueblo advierte que la administración tributaria “no debe dejar fuera a determinados colectivos para los que su situación concreta debe ser contemplada por la Administración, la cual además debe facilitarles el cumplimento de sus obligaciones tributarias”.

En concreto, el informe hace mención a las modificaciones introducidas en Vizcaya por la normativa foral que establece la obligatoriedad del cumplimiento por vía telemática de todas las obligaciones tributarias, incluidas las formales, correspondientes a los impuestos cuyos períodos impositivos, o de liquidación o declaración, se iniciase a partir del 1 de enero de 2021.

Dicha normativa, recuerda el Defensor, también previó que las notificaciones relativas a los procedimientos relacionados con la presentación de la declaración de la renta, y con la liquidación de este impuesto, pasaran a realizarse exclusivamente por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la diputación.

Así, aunque la diputación foral argumentó que había implantado medidas de carácter asistencial, el Defensor del Pueblo considera que la modificación aprobada “supone un cambio de paradigma en las relaciones de la ciudadanía con la Administración” que “no ha ponderado adecuadamente el impacto para las personas que se hallan en clara desventaja en el mundo digital y que con una medida así quedan abocados a depender de terceras personas o a asumir el costo de encomendar estas tareas a profesionales”.

El informe indica que “la implantación de un cambio de estas características ha de venir acompañada de medidas que prevengan la aparición de situaciones de desprotección en aquellos sectores de la población más vulnerables manteniendo los derechos de quienes, por su condición, no pueden acceder a medios digitales o no pueden hacerlo sin el concurso de terceras personas”.

FALTA DE PERSONAL

Por otro lado, el apartado de ‘Función y empleos públicos’ del informe anual también subraya que “el empleo público arrastra desde el año 2010 una continua merma de empleados, a consecuencia de los recortes en las tasas de reposición establecidas en sucesivos ejercicios por las leyes de Presupuestos Generales del Estado”.

En este sentido, añade que “a esta circunstancia cabe unir el hecho de que las Administraciones Públicas cuenten con personal muy próximo a su jubilación” y que “esta falta de personal está originada, además de por la falta de reposición de efectivos, por otras causas, como el retraso en las convocatorias, la falta de cobertura de todas las vacantes o la demora en los oportunos nombramientos como funcionarios de carrera de aquellos que han superado los procesos selectivos”.

Esto, prosigue, deriva en “una defectuosa atención tanto a los ciudadanos en general que acuden a ellas como a los propios empleados públicos”, ya que “esta carencia de medios se traduce en disfunciones que implican, entre otras, que las solicitudes, peticiones y recursos administrativos interpuestos no se respondan ni resuelvan en tiempo y forma”.

Por ello, el Defensor del Pueblo recuerda a las administraciones “el deber legal que les incumbe de responder expresamente las solicitudes y recursos que les son planteados” y les recomienda “que trasladen a los órganos competentes las concretas necesidades personales que se juzguen imprescindibles para su adecuado funcionamiento”.

De forma específica, el documento se refiere al personal sanitario, al que destaca como “uno de los grandes valores y fortalezas del sistema sanitario español —por su formación, profesionalidad y dedicación—“.

Sobre este ámbito, el informe apunta que “la crisis sanitaria ha puesto en evidencia la infradotación de personal de los servicios de urgencias hospitalarios y de la atención primaria”. Por ello, reitera “la necesidad de que se adopten medidas estructurales en el marco de un Pacto de Estado para garantizar la suficiencia de medios personales y la eficiente planificación de los recursos humanos, superar las condiciones de precariedad laboral por el exceso de temporalidad que afectan a este colectivo, además de promover incentivos para el desarrollo de su carrera profesional”.

A este respecto, el documento hace mención, por un lado, a que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, “supone un punto de inflexión, al incrementar notablemente las tasas de reposición en el empleo público en un 110 % en sectores prioritarios, y un 100 % en los restantes”. Por otro, destaca la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.