El Defensor del Pueblo alerta de que la reforma del Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo de 2025, provoca una “precarización de derechos” en migrantes con arraigo en España a quienes se les deniega el asilo, al obligarlos a “permanecer en situación irregular durante dos años”, y supone además una “ruptura” de sus procesos de integración social, educativa y laboral.