Este uno de los temas destacados del Informe anual de la actividad de la institución en 2025, que Ángel Gabilondo entregó este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En esta entrega de su informe anual el Defensor del Pueblo cuestiona la coherencia entre la reforma de Extranjería, cuya principal figura es el arraigo, y las necesidades del mercado laboral español.

El informe recoge que el Defensor ya trasladó con anterioridad al Gobierno que las consecuencias de la reforma “no encontraban una justificación razonable” y planteaban un “difícil encaje con el objetivo de hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra”.

El informe destaca también que el mercado laboral depende de trabajadores extranjeros y detalla que la afiliación extranjera ha crecido 45% desde 2019 y los extranjeros representan ya el 14,1% de cotizantes. A la vez, señala que la reforma elimina vías para migrantes para regularizarse, lo cual contradice el objetivo de cubrir esos sectores deficitarios.

Así pues, el análisis que hace el Defensor del Pueblo del impacto de la reforma del Reglamento de Extranjería en los solicitantes de protección internacional (asilo) se centra en las consecuencias de que, desde mayo de 2025, las personas que pidan asilo ya no podrán usar el tiempo como solicitante de asilo para regularizarse por arraigo.

Este cambio tiene un efecto “especialmente grave para los niños que ven truncado su proceso de integración”, así como para todos los migrantes ya con arraigo. Además, el informe recuerda que en 2025 hubo 68.321 resoluciones desfavorables, entre ellas 12.311 menores afectados por denegación de protección internacional. Muchas de estas personas “ya habían consolidado un fuerte arraigo” en el país antes de quedar forzosamente en situación irregular.

Asimismo, el Defensor del Pueblo expone un contexto de colapso y delicado del sistema de protección internacional, ya que hubo 144.396 nuevas solicitudes de asilo en 2025 (datos del Ministerio del Interior) y hay más de 262.000 pendientes de resolución, la segunda cifra más alta de la Unión Europea (UE). Casi el 60% de estas solicitudes correspondían a nacionales venezolanos.

El informe señala que esta demora existente en la resolución de los expedientes de asilo en España, que supera ampliamente los seis meses legalmente previstos, es reconocida por la Dirección General de Protección Internacional.

Así, el Defensor del Pueblo añade que este atasco hace que los procesos duren años, lo que implica que muchas personas construyen su vida en España, trabajen y coticen y/o tengan hijos escolarizados, y luego caigan en “irregularidad”.