La Oficina del Defensor del Pueblo optó por elevar su actuación al Gobierno, a través de Justicia, tras constatar el desacuerdo, según indicó, entre los distintos departamentos ministeriales implicados, situación que la entidad asegura que está provocando "una merma real de la protección económica y social" de personas con discapacidad intelectual, especialmente de aquellas con mayores necesidades de apoyo.

El origen del conflicto se sitúa en la reforma introducida por la Ley 8/2021, orientada a reforzar la autonomía personal y a sustituir la tutela por sistemas de apoyo basados en la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Sin embargo, las entidades denunciantes advirtieron de que este cambio normativo tuvo efectos colaterales no previstos, ya que "organismos como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social dejaron de reconocer determinados beneficios fiscales y prestaciones a personas que ya no se encuentran bajo una incapacitación judicial en sentido estricto", según detalló Plena inclusión, que añadió que por esta razón se mermó la protección de este colectivo en comparación con el escenario previo a 2021.

La confederación recordó que "la pérdida de apoyos económicos supone un grave problema para estas personas (muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo) y sus familias, dado el sobrecoste económico que deben asumir con el fin de garantizar la calidad de vida de sus seres queridos con discapacidad".

REVISAR CON URGENCIA LA LEY

Tras analizar la queja, presentada en mayo de 2024, el Defensor del Pueblo recomendó "revisar con urgencia la Ley General de la Seguridad Social y la normativa del IRPF para mantener una protección equivalente a la existente antes de la entrada en vigor de la reforma". No obstante, las secretarías de Estado de Hacienda y de Seguridad Social y Pensiones rechazaron estas recomendaciones en enero de 2025, una decisión que las organizaciones sociales consideraron "lesiva para el colectivo afectado".

La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, subrayó que la actuación del Defensor del Pueblo "busca corregir una deriva no deseada de la reforma legal y ha advertido de sus consecuencias". "Tratamos de evitar que la reforma legal que trae la Ley 8/2021, que fue diseñada para ampliar derechos, acabe convirtiéndose paradójicamente en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad y sus familias".

Frente a la negativa de Hacienda y Seguridad Social, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales planteó recientemente que la asimilación de beneficios se extienda tanto a las curatelas representativas como a las curatelas ordinarias. Según este departamento, esta medida permitiría "garantizar una cobertura real" y evitar que las personas con discapacidad "pierdan derechos ya consolidados por el simple hecho de haber actualizado su régimen de apoyos conforme a la nueva legislación".

Ante la falta de acuerdo entre los ministerios implicados, el Defensor del Pueblo abrió una nueva vía de mediación y solicitó la intervención del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el objetivo de alcanzar una solución coordinada que restituya la protección social y fiscal de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, concluyó Plena Inclsuión.