El documento, de 777 páginas, recomienda, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones y que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.

Desde que Gabilondo presentara el contenido del informe el pasado 27 de octubre, los obispos han secundido su contenidoy apoyado desarrollado por el Defensor del Pueblo.

Omella insistió desde entonces que la Iglesia continúa trabajando de una manera activa en materia de abusos, con el objetivo de prevenirlos “para que no se produzcan más por parte de algunos miembros”.

El trabajo contiene los testimonios de 487 víctimas y recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13 % de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote.

El informe fue entregado el pasado 27 de octubre a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; y posteriormente, el 2 de noviembre, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.