Educación

El Defensor del Pueblo se hace eco de la "insuficiente" oferta pública de Formación Profesional

MADRID
SERVIMEDIA

El Defensor del Pueblo realiza "desde hace años" actuaciones a partir de quejas de los ciudadanos sobre la "insuficiente oferta de puestos escolares de Formación Profesional en centros sostenidos con fondos públicos".

Es uno de los temas destacados del informe anual de la actividad de la institución en 2025, que Ángel Gabilondo entregó este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Aunque el informe matiza que ha habido un aumento del número total de plazas ofertadas en los últimos cursos académicos, denuncia que "este incremento no ha sido suficiente para atender la creciente demanda".

Así, el documento señala que las estadísticas que publica el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes revelan un constante aumento de la tasa de crecimiento en alumnos matriculados (30% en su conjunto), con una importante subida del régimen a distancia, (144,7 %), especialmente en los centros de titularidad privada, cuyo crecimiento ha sido "muy significativo" en la última década (467,5 %).

El Defensor remite a que esta "deficiencia" también se ha abordado en el Consejo Escolar del Estado y que las quejas recibidas por la oficina de Gabilondo en 2025 indican que los procesos de admisión finalizan con "un elevado número de alumnos sin poder formarse en la enseñanza profesional pública, o bien son derivados a otras ramas profesionales, lo que aumenta el riesgo de abandono del sistema educativo al no cursar los estudios elegidos y no poder realizarlos en el sector privado por su coste".

Por todo ello, el Defensor aboga por la gratuidad del sistema de Formación Profesional, "aún no asumida en todas las comunidades autónomas, y porque se realicen los ajustes necesarios de la oferta a las necesidades reales del mercado de trabajo, de modo que se evite una sobredimensión de determinados ciclos sin una demanda laboral proporcional, así como por el aumento del número de plazas públicas en aquellas familias profesionales con mayor demanda laboral, especialmente para el alumnado con mayor riesgo de exclusión escolar".

PROFESORES Y PRÁCTICAS

Además, el informe alerta de que "el sistema integrado de Formación Profesional necesita más docentes para garantizar una formación de calidad, y ante la posible afectación del derecho a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución". Por esta razón, el Defensor del Pueblo avisa de que realizará un seguimiento de las decisiones que al respecto puedan adoptarse por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y en el seno de la Comisión de Personal de la Conferencia Sectorial de Educación.

Asimismo, el carácter dual que el legislador atribuye ahora a todas las ofertas de Formación Profesional reconocidas y acreditables dentro del sistema implica un mayor número de horas de prácticas en empresas u organismos equiparados, "que resulta en ocasiones difícil de asumir por parte de los centros docentes y el tejido empresarial formado en su mayoría por microempresas con pocos recursos para las que son excesivamente complejos los procesos administrativos".

Para el Defensor, esta situación "desincentiva" su implicación en estos programas. Además, el informe detecta "una competencia entre centros públicos, concertados y privados para captar empresas, y no resulta descartable que en algunos centros privados los alumnos abonen una cantidad por la realización de la formación en la empresa, una práctica inadecuada que prohíbe expresamente el anteproyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa".

El documento pone el foco en otro aspecto clave en este ámbito de gestión, que es que "la búsqueda de plazas recae exclusivamente en el profesorado, con una dotación horaria mínima y una carga burocrática excesiva, sin personal administrativo suficiente para la tramitación del convenio entre centros docentes y empresas u organismos equiparados y toda la documentación que genera la fase de formación en empresa".

"La situación es especialmente grave en la Formación Profesional cursada en centros privados autorizados", denuncia la oficina de Ángel Gabilondo, pues "cada año son más recurrentes las quejas ante el Defensor del Pueblo de los alumnos que no pueden obtener el título de Formación Profesional o el Certificado Profesional porque el centro no les facilita una empresa donde realizar el período de formación".

(SERVIMEDIA)
24 Mar 2026
AHP/gja