El Defensor del Pueblo insta en su último informe anual a las distintas instituciones públicas a utilizar los mecanismos recogidos en la Ley de Vivienda, como el desarrollo de zonas tensionadas, porque considera que es "razonable" introducir mecanismos de limitación de alquiler turístico, ya que esta modalidad de arrendamiento es "responsable de la disminución de las viviendas dedicadas al alquiler de residencia habitual".