En su 'Informe Anual de 2025', el Defensor del Pueblo advierte de que la alta rentabilidad de esta tipología de alquiler "impacta de forma directa" sobre el mercado de alquiler habitual, de tal forma que "lo reduce y lo encarece". Además, afirma que puede provocar desequilibrios en el tejido social y económico de los municipios.

El documento alerta de que debido los altos precios de la vivienda y las exigencias de solvencia necesarias para obtener financiación hipotecaria, la demanda se ha desplazado hacia la demanda de alquileres, lo que ha hecho que los precios lleven varios años aumentando en porcentajes muy elevados.

Este hecho, en un contexto de incremento significativo de la población y una insuficiente construcción de vivienda, ha provocado que un número muy alto de personas no pueda acceder a una vivienda. Además, también ha provocado que un porcentaje "muy elevado" inquilinos deba realizar un sobresfuerzo para poder pagar el arrendamiento de la vivienda en la que residen.

"Los altos precios se han convertido así en un factor que ahonda la desigualdad entre quienes son titulares de una vivienda y quienes no lo son, con consecuencias negativas en la situación social", lamenta el Defensor del Pueblo en su informe, en el que afirma que esta realidad condiciona el bienestar y la capacidad de ahorro de los hogares en alquiler con ingresos medios, así como la de aquellas personas que se acercan a la jubilación y no han podido adquirir una vivienda.

También advierte que esto provoca que quienes han de desplazarse por motivos laborales no encuentren vivienda o no puedan asumir su precio y retrasa en gran medida la edad de emancipación.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA

Para el Defensor del Pueblo, la clave para solventar esta situación pasa por un "aumento significativo" del número de viviendas públicas y protegidas destinadas al alquiler, hasta alcanzar la media europea con la mayor rapidez posible. Asimismo, afirma que este parque sería útil para reducir los precios de los alquileres en el mercado no regulado, al contribuir a la reducción de la demanda.

También señala las consecuencias negativas de la descalificación de viviendas públicas. En este aspecto, destaca que las viviendas públicas y protegidas deben destinarse al alquiler estar sujetas a un régimen de protección permanente. El informe apoya esta información mediante un análisis crítico sobre la descalificación de vivienda de protección oficial y afirma que la dinámica de descalificación en el pasado "ha erosionado el parque de vivienda pública y protegida de precio limitado, alejándolo de la posibilidad de constituir un recurso efectivo para las necesidades actuales y futuras de vivienda social".

Al mismo tiempo, recuerda a las administraciones competentes que los procesos de adjudicación de vivienda han de realizarse con "transparencia y eficacia" y "de acuerdo con baremos públicos y objetivos". También destaca la importancia de aprobar una adecuada regulación de la inscripción en los registros públicos de demandantes de vivienda e interpretarla "de manera favorable al acceso a una vivienda digna y adecuada".

AYUDAS

Respecto a las ayudas destinadas a sufragar el alquiler, el Informe del Defensor del Pueblo afirma que estas llegan a sus beneficiarios con meses de retraso con demasiada frecuencia, y que, en la mayoría de ocasiones, los fondos asignados no cubren el total de las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos.

Asimismo, indica que las quejas referidas a problemas en la tramitación de la ayuda del Bono Alquiler Joven siguieron siendo numerosos, lo que está en consonancia con el hecho de que los jóvenes se cuentan entre los colectivos más afectados por los precios elevados del alquiler. "Las ayudas no llegaron a tiempo a los jóvenes por diferentes motivos. En sus quejas muestran su inquietud porque transcurren meses sin recibir ningún tipo de información sobre el estado de tramitación de su expediente, y sin que este se haya resuelto", señala el documento, que también destaca que las administraciones autonómicas competentes confirmaron el retraso en la tramitación de estas ayudas.

DESAHUCIOS

Por otra parte, el informe constata un aumento el número de familias que iban a ser desahuciadas judicial de su vivienda habitual y señala que entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas, pero que, aun así, se ven empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres.

"Se trata de familias vulnerables, a menudo con menores de edad, que requieren acceder a recursos habitacionales destinados a solventar situaciones de emergencia social. Las 142 actuaciones realizadas en 2025 por esta institución en relación con estas quejas, frente a las 102 del año 2024 o las 60 del año 2023, reflejan la gravedad de la situación que se trata de mostrar en este informe", indica el informe.

En este sentido, el Defensor del Pueblo indica que los principales problemas que trasladaron los ciudadanos en este tipo de quejas es la falta de información y manifestó que muchos de los afectados desconocían a menudo lo que sucedería tras el desahucio o lanzamiento de sus viviendas, lo cual les generaba inseguridad e incertidumbre.

"El silencio por parte de la Administración crea inquietud entre los afectados, que ven pasar los días hasta la fecha programada sin ningún tipo de comunicación. A menudo trasladan lo que perciben como pasividad de los servicios sociales y que estos actuaban improvisando planes una vez surge el problema residencial", asevera en su informe.

Por ello, considera relevante que las administraciones locales tengan previstos dispositivos de alojamiento temporal destinado a solventar emergencias en la fecha en la que tiene la certeza de que se va a ejecutar el desahucio. Además, solicita que esta información se traslade las personas afectadas para que "sepan que existen alternativas habitacionales planificadas" y evitar, en lo posible, "la incertidumbre y el desasosiego".