Así lo anunció este jueves dicha iniciativa, que asegura haber recibido una comunicación donde el Defensor le informa de que ha iniciado averiguaciones.

Según la queja presentada, muchas veces, los agentes argumentan supuestos “motivos de seguridad” y no permiten el cierre de la puerta ni se alejan de la sala de visitas.

"Paradójicamente", se sitúan sentados de espaldas junto a la puerta abierta, lo que no garantiza la “seguridad” que aducen para mantener esa ubicación, ya que no tienen control visual", prosigue. Lo que sí les permite esta ubicación es escuchar las conversaciones. A su juicio, se trata de actos de "espionaje".

"Incluso han intervenido en las conversaciones privadas entre acompañantes e internos", y agrega que "situaciones similares tienen que sufrir las profesionales del Servicio de Orientación Jurídica en el CIE del Colegio de Abogados de Valencia".

LA DENUNCIA

Desde las ONG explican que en junio del año pasado, un policía interrumpió la entrevista de un interno con dos acompañantes de la campaña y dio por finalizada la visita, con el argumento de que había escuchado decir que “la policía es racista”.

Los acompañantes negaron esta acusación y otras que plantearon el resto de policías de guardia, que les responsabilizaron de las agresiones que pudieran sufrir porque se “dedican a calentar la cabeza de los internos”, pero tuvieron que abandonar el CIE sin poder realizar las visitas acordadas.

Tras este incidente, la Campaña interpuso una denuncia ante el juzgado de instrucción número 3 de València, encargado del control de la estancia de los extranjeros en el CIE de Zapadores.

El juez comunicó al CIE que “dado el carácter privado de las entrevistas, no pueden hacer uso de ningún tipo de las conversaciones que puedan escuchar entre ellos [internos y acompañantes]”.

" Ante la constatación de que se hizo caso omiso de la resolución judicial", la campaña presentó una nueva denuncia el 8 de febrero de 2023 solicitando que los policías se sitúen al otro lado del pasillo -junto a la pared de enfrente de la sala-, lo que les permite un control visual del interior de la habitación y la distancia garantiza la privacidad de la entrevista. El mismo día que se presentó esta denuncia, el juez solicitó explicaciones al CIE sobre la actuación de la policía durante las visitas a internos. El 24 de marzo, el juez resolvió dirigirse al CIE de València para exigirle “que las entrevistas con letrados, ONGs y familiares deben hacerse respetando en todo caso la privacidad de la audiencia, sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales que de forma involuntaria se haya escuchado”.

"A pesar de estas resoluciones judiciales y de lo que determina la legislación vigente, los policías del CIE continúan situándose junto a la puerta de la sala de visitas y obligan a dejarla abierta durante toda la entrevista", dicen los denunciantes.

Por estas razones, la campaña presentó una queja ante el Defensor para que “ante la ineficacia de las medidas judiciales y mientras sigan abiertos estos centros” inste al Ministerio del Interior a que adopte medidas para garantizar la confidencialidad en las visitas que reciban los internos. El pasado 4 de septiembre, el Defensor comunicó a la Campaña que se admitía a trámite la queja y se iniciaban “actuaciones ante los organismos administrativos competentes”.

Según explican desde CIE NO, "esta forma de proceder de la policía infringe la ley de Extranjería y el real decreto 162/2014 regula los CIE. Ambas normativas obligan a reconocer los derechos de las personas internadas a que “sea preservada su dignidad y su intimidad”, a “entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales” y a comunicarse con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, “derecho que sólo podrá restringirse en virtud de resolución judicial”.