Según informó el organismo este lunes, se recomienda, en concreto, una modificación de la Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el propósito de excluir estas subvenciones y ayudas a la rehabilitación de la vivienda habitual en el cómputo de rentas previsto para acceder a esta prestación, en el artículo 20.1.f de la ley.

En opinión de la institución, la exigencia en estos casos de reintegro del complemento de pensión para alcanzar la cuantía mínima ocasiona “un detrimento desproporcionado en la economía de estos pensionistas, y desvirtúa la finalidad y razón de ser que motiva su concesión”.

En esta línea, apuntó que recientes sentencias firmes de las salas de lo Social de diferentes tribunales superiores de Justicia “coinciden en señalar que no resulta posible incluir como ingreso computable o ganancia patrimonial, a efectos de considerar indebido el complemento a mínimos por superación de rentas, el percibo de una subvención pública destinada a la rehabilitación de una vivienda para dotarla de una adecuada habitabilidad”.

La institución está recibiendo actualmente un número significativo de quejas de ciudadanos a los que se reclama el complemento a mínimos, no sólo por subvenciones públicas concedidas a particulares, sino también a comunidades de propietarios por la instalación de elementos estructurales comunes, considerados como un incremento patrimonial del comunero por el importe de su correspondiente coeficiente de participación.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas han enviado recientemente una queja al Defensor del Pueblo porque la Seguridad Social está reclamando a muchos de los propietarios de las 2.000 viviendas que integran dicho núcleo residencial la devolución del complemento a su pensión mínima tras haber recibido sus respectivas comunidades de propietarios subvenciones para la rehabilitación energética de los edificios.

Según el Defensor del Pueblo, en la mayoría de los casos “las afectadas son mujeres viudas de avanzada edad, que viven solas y sin apoyo familiar”. La pérdida de dichas prestaciones “podría conllevar, además, otros efectos vinculados, como la supresión de la exención del copago farmacéutico”.