Así lo recoge el Informe Anual sobre la actividad de la institución en 2025 presentado este martes en el Congreso de los Diputados por parte del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El documento señala que, mientras la suspensión del suministro en caso de impago cuenta con un procedimiento que respeta unas garantías mínimas para el ciudadano, cuando se estima que existe un fraude se ejecuta el corte tras un procedimiento en que la propia compañía distribuidora lo determina de forma unilateral.

Además, denuncia que las compañías deciden el momento en el que proceder al corte del caudal eléctrico sin un preaviso y que también determinan el importe de la cantidad defraudada y que, generalmente, suele ser mucho mayor al consumo desviado.

De este hecho, el Defensor deduce que “el espíritu de la norma no persigue únicamente recuperar el consumo indebidamente realizado, sino que tiene, además, una pretensión correctiva y disuasoria para este tipo de conductas”.

Adicionalmente, apunta que los recargos que aplican las compañías a los consumidores por estas circunstancias no están diseñados como sanciones, sino que se trata de consecuencias de naturaleza jurídico-privada, por lo que se eluden las salvaguardas que el sistema constitucional exige para la aplicación de las sanciones económicas, como es el derecho básico de oposición.

“En consecuencia, si la observancia de una serie de garantías en el ámbito administrativo sancionador es preceptiva cuando se trata de cobrar una multa, con mayor motivo habrá de serio en situaciones en las que está en juego un bien básico”, concluye el Defensor.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo dirigió una Recomendación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que todavía no ha sido atendida. En concreto, pide un procedimiento previo a toda actuación que pueda conducir a la suspensión del suministro eléctrico que garantice tanto la intervención de la Administración como el derecho de los consumidores a formular alegaciones en su defensa.