Así lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024, donde subrayó que la mayoría de los solicitantes son “un año más” procedentes del país sudamericano. Debido a ese porcentaje, Gabilondo reclamó medidas concretas destinadas a esa población “para aligerar la carga de trabajo en la oficina de asilo y refugio”.

Además, el Defensor solicitó “protocolos de actuación ante la elevada llegada de personas” a Canarias que, según datos a final de 2024, se incrementó en un 17,4% respecto al año anterior. El Defensor relató a los parlamentarios que ha recibido “numerosas quejas sobre condiciones del sistema de acogida humanitaria, la falta de adecuación de instalaciones”, además de los pocos intérpretes, servicios sanitarios y psicosociales, la presencia de “presuntos” menores y la dificultad que tienen estas personas para solicitar citas para pedir protección internacional.

Otro asunto relevante de su exposición en la Comisión fue el relativo a las personas desaparecidas en su intento de llegar a las costas españolas. El Defensor del Pueblo ha aseverado que, en materia migratoria, la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas, y ha tramitado numerosas quejas relacionadas con los recursos del sistema de acogida humanitaria. En concreto, reclamó “una base de datos común a nivel nacional” para el tratamiento y registro de restos humanos, para facilitar su identificación de forma coordinada entre las comunidades autónomas y, reiteró, “medidas estructurales para la atención y protección internacional en frontera”.

Precisamente se refirió a uno de los puntos de mayor afluencia de llegada de personas en situación irregular, como es el aeropuerto de Barajas, donde pidió que se mejoren las instalaciones y procedimientos de protección internacional, así como de las condiciones de acogida.

Finalmente, denunció que la institución ha recibido “quejas de personas extranjeras que acuden a denunciar a instancias policiales” por ser víctimas de algún delito y “se les inicia un expediente de expulsión”.