Así se desprende de la respuesta que el Defensor del Pueblo envió este martes a Famma, en la que reconoce que estos retrasos en la valoración de la discapacidad "vulneran derechos fundamentales".

La federación había presentado "múltiples denuncias" a propósito de "las demoras injustificadas en la tramitación de los expedientes de valoración y revisión del grado de discapacidad".

De hecho, el Defensor formula 10 recomendaciones a la Comunidad de Madrid, entre ellas reforzar equipos de valoración, aprobar normativa pendiente y garantizar resoluciones provisionales.

En un comunicado, Famma celebró el respaldo del Defensor y exigió a la Comunidad de Madrid "medidas inmediatas para acabar con los retrasos injustificados". Agregó que el Defensor destaca que la administración "está obligada a resolver en un plazo máximo de seis meses", según el Real Decreto 888/2022.