Los perjudicados presentaron la querella contra los titulares de la constructora, Juan Manuel López Fernández y José Antonio Torres Lacal, por un presunto delito de apropiación indebida. Los querellantes pretenden que el juez les imponga el pago de 40 millones de pesetas de fianza para hacer frente a la responsabilidad que pueda derivarse de estas actuaciones.

Cada uno de los afectados, acogidos al régimen de comunidad para la construcción de sus casas, han depositado ya entre 3,5 y 5 millones de pesetas, según los casos, y conjuntamente se han hecho cargo de una hipoteca de 134 millones, mediante un préstamo de la caja de ahorros local.

Arquigrupo anunció en junio de 1993 que no había suficiente dinero para iniciar las obras, según indicaro a Servimedia los perjudicados, por lo que éstos decidieron emprender el camino para obtener sus casas por su propios medios, desligándose de la constructora.

Simultáneamente, los afectado intentaron aclarar con la constructora el estado de las cuentas. Al no ser esto posible, acordaron interponer esta querella.