Fuentes de Derechos Sociales indicaron a Servimedia que “los sectores interesados” conocerían el primer borrador del texto “antes de hacerse público” para someterse a las fases de información y audiencia con el fin de que las personas y entidades hagan aportaciones.

Pues bien, ya existe ese documento y Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians han presentado alegaciones conjuntas. Se trata de las entidades que impulsaron una campaña respaldada por más de 73.000 firmas y 150 organizaciones adheridas para reclamar una ley específica para los grandes simios.

No en vano, el Gobierno estaba obligado a presentar un proyecto de ley de grandes simios tres meses después de la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Ese plazo venció el 29 de diciembre de 2023.

ENFOQUE DE DERECHOS

Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians valoraron que el texto avance en el reconocimiento de la dignidad individual de los grandes simios, pero advirtieron de que es “imprescindible” reforzar algunos aspectos para que la ley “cumpla plenamente su objetivo histórico”.

Así, reclaman un enfoque de derechos y no conservacionista que ponga fin a la cría en cautividad, trate la cautividad como una excepción en vías de desaparición y garantice una protección homogénea y efectiva en toda España.

Las organizaciones subrayan de forma especial la necesidad de que la prohibición de la reproducción en cautividad sea “clara, efectiva y sin excepciones ambiguas”, y limitase “exclusivamente” a proyectos extraordinarios de reintroducción en el medio natural “solicitados por los países de origen y sometidos a criterios estrictos”.

“El objetivo no es la gestión reproductiva, sino avanzar hacia la desaparición progresiva de los grandes simios en cautividad, evitando que las excepciones se conviertan en una vía indirecta para perpetuar poblaciones cautivas y nuevas vidas condenadas a la privación de libertad”, señalan.

“JUSTICIA MORAL”

Otros puntos clave para Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians son garantizar una “intervención estatal clara en decisiones críticas” como traslados, separaciones, decomisos o reubicaciones con el fin de evitar desigualdades territoriales entre comunidades autónomas, y dotar al régimen de inspección, control y sanción de herramientas preventivas y eficaces que permitan “actuar antes de que se produzcan daños irreversibles a los individuos”.

“Tras más de dos décadas de trabajo, diálogo y perseverancia, por fin una Ley de Grandes Simios está a punto de convertirse en realidad”, según Pedro Pozas, director ejecutivo de Proyecto Gran Simio, quien añadió: “Nuestros hermanos evolutivos, los grandes simios, merecen una normativa específica que garantice sus derechos fundamentales como homínidos que son. No se trata de una concesión, sino de un acto de justicia moral”.

Pozas confió en que Derechos Sociales “esté a la altura de este momento y no deje pasar una oportunidad única de hacer historia con esta ley, manteniendo el enfoque de derechos que la sociedad ha reclamado de forma tan clara y sin diluirlo por presiones o intereses contrarios a una protección real y efectiva de estos individuos”.

“Es fundamental que el texto final refleje con coherencia que hablamos de individuos con dignidad, no de recursos gestionables. Esta ley debe construirse desde la mejor evidencia científica, pero también desde la ética y la responsabilidad moral, reconociendo la extraordinaria complejidad emocional, cognitiva y social de los grandes simios”, apuntó Marta Esteban, presidenta de la Fundación Animal Guardians.

Esteban agregó: “Cada gran simio es un individuo con intereses propios y vínculos sociales, y si el texto no lo coloca en el centro, se pierde la esencia de lo que la sociedad ha reclamado y de lo que Jane Goodall hubiera querido. Además, es imprescindible evitar que sus derechos dependan del código postal y, en su lugar, se garantice una protección homogénea y efectiva en todo el territorio”.