El programa actúa como "ascensor social para que las personas con discapacidad obtengan los recursos económicos y de apoyo necesarios con los que desarrollar su proyecto formativo, conforme a estándares de equidad".

Según el Ministerio, su objetivo es impulsar la educación inclusiva y mitigar la brecha de personas con discapacidad que no llegan a la educación superior por falta de recursos, asegurando "la mejora de condiciones educativas e igualdad de oportunidades en la formación y el acceso al empleo".

Estas ayudas directas contribuyen a sufragar la contratación de asistentes personales, intérpretes de lengua de signos o guías intérpretes para personas sordociegas, refuerzo educativo, productos de apoyo o ayudas técnicas y tecnológicas.

De esta manera, se favorece que las personas con discapacidad continúen su formación tras completar la ESO, ya sea en estudios de bachillerato, universidad o formación profesional, ya en enseñanzas de idiomas o artísticas, preparación a pruebas de acceso y oposiciones o cursos impartidos por entidades del tercer sector.

El programa presta especial atención a aquellos colectivos que sufren discriminación múltiple como mujeres con discapacidad, que suponen el 52,56% de beneficiarios; personas con grandes necesidades de apoyo (35,13%); personas con autismo (18,51%); residentes en zonas rurales con discapacidad (12,40%), o víctimas de violencia machista (0,27%).

PERFILES

Además, el programa tiene una clara orientación hacia el desarrollo profesional y adquisición de competencias clave para el futuro, ya que el 79,4% de las personas beneficiarias tienen menos de 31 años (el 53,7% entre los 21 y los 30 años y el 25,7% tienen 20 años o menos).

Otro 11,2% se encuentran entre 31 y 40 años; el 6% están entre 41 y 50 años; el 2,7% entre 51 y 60 años, y el 0,6 % superan los 60 años.

En función del grado de discapacidad, el 58,7% de quienes han recibido una de las ayudas se sitúan entre el 33 y el 65%; el 37,3% tienen entre el 66 y el 85%, y un 4% superan el 85% de discapacidad acreditada.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que concentra un mayor número de personas beneficiarias, con un 27% de las ayudas concedidas.

Le siguen la Comunidad de Madrid (24%); Cataluña (8,4%); Castilla y León (7,7%), y la Comunidad Valenciana (7,5%).

Las ayudas se orientan a cubrir gastos directamente vinculados a la formación de la persona con discapacidad como las matrículas, mensualidades por el pago de sus estudios, los desplazamientos, los alojamientos, o aquellos productos y servicios de apoyo que necesitan, y la posibilidad de contratar a un asistente personal que pueda hacer posible su formación.

Del total de ayudas concedidas en esta cuarta convocatoria del programa, un 31,2% se destinaron a Grado, Máster Universitario y Doctorado.

A continuación figuran los Planes Formativos específicos para personas con discapacidad impartidos por entidades del Tercer Sector (27,9%), estudios de Formación Profesional (19%), cursos de preparación de acceso a las administraciones públicas (8%) y títulos propios de universidades (5,4%).

Por último, aparecen los estudios de bachillerato (3,5%); Erasmus (1,5%); idiomas (1,2%); enseñanzas artísticas (1,1%); cursos de preparación y formación específicos para las pruebas de acceso a FP (0,4%); a acceso a la universidad de personas mayores de 25 años (0,3%), y cursos orientados a la obtención del título de especialista/experto (0,4%).