Esta inversión se va a transferir a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales y va a servir para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local, según precisó el departamento de Pablo Bustinduy en un comunicado.

Los programas financiados por estas partidas se destinan a todo tipo de familias que presenten necesidades singulares de protección, incluidas las familias monomarentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.

En concreto, la inversión se articula en tres grandes programas y el primero, dotado con 65 millones de euros, financiará proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social. Se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o la ropa, necesidades en materia de educación como la financiación de material escolar o ayudas para el comedor, o recursos para los suministros básicos del hogar.

Incluye el programa VECA, que va a permitir garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.

MÁS PROGRAMAS

El segundo programa, con 25 millones, reforzará los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, con una apuesta clara por perfiles profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como el fomento de una mayor coordinación con los centros educativos y sanitarios, en línea con la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (Lopivi).

Por su parte, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, dotado con más de 108 millones de euros, asegurará el acceso a prestaciones “clave” como la orientación social, la ayuda al domicilio, el alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social.

Además, se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida, “fundamentales”, según el ministerio, para dar respuesta a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

La propuesta de distribución territorial de créditos a las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla contempla 35.943.414,11 euros para Andalucía, 29.942.855,03 para Cataluña, 25.265.693,03 para la Comunidad de Madrid y 20.404.117,71 para la Comunidad Valenciana.

A su vez, el Ministerio de Derechos Sociales ha sido proponente, junto a los ministerios de Educación, Hacienda e Igualdad, del Real Decreto por el que se regula la distribución de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas-benéficas, en la que se establece que la liga profesional de fútbol femenino será beneficiaria directa del 15% de dicha recaudación, lo que, según el ministerio, “refuerza el papel del deporte femenino en el sistema deportivo español y avanza hacía una mayor equidad en la financiación”.