Así lo precisó este miércoles el ministro Pablo Bustinduy en la clausura del acto ‘Consolidando la innovación social para un nuevo modelo de cuidados’, un encuentro estatal de innovación social en el que se han presentado 35 proyectos innovadores para “impulsar un nuevo modelo de cuidados en la comunidad”, tal y como precisó su gabinete en un comunicado.

Los proyectos seleccionados e impulsados por el ministerio serán cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE+) y están dotados con 56 millones de euros, cuantía que se suma a los proyectos que ya fueron financiados anteriormente, teniendo en cuenta que, hasta ahora, se han empleado o comprometido, en total, 212 millones de euros de fondos europeos a soluciones novedosas, según Derechos Sociales.

En su discurso, Bustinduy destacó que “lo público debe estar para asistir y hacer la vida de la gente mejor. Una vida con igualdad de oportunidades, con justicia y dignidad, en la que dónde naces, cómo te apellidas o qué situaciones adversas te encuentras no determinan y, en el peor de los casos, lastran toda tu trayectoria vital”.

“La innovación social trata sobre no sólo de buscar lo que ya funcionó en el pasado, sino de inventar un futuro. Un futuro de comunidad, dignidad y derechos”, abundó, convencido de que el trabajo que lleva a cabo su departamento “va a suponer un antes y un después” en este área.

A este respecto, defendió que, “para que podamos construir ese Estado social del siglo XXI” es necesario que “existan unos vínculos sociales, unos valores sociales, unas aspiraciones que apunten hacia ese horizonte; que prefieran que vivamos en una sociedad que siga garantizando la seguridad social, la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad” y por otro lado, “que seamos capaces de desarrollar las estructuras constitucionales, políticas e institucionales para que ese deseo y esa voluntad se plasme en soluciones reales, prácticas y efectivas”, convencido de que “una cosa sin la otra va a ser muy difícil” y de que, en la actualidad, “las dos cosas están bajo una gravísima amenaza”.

RECORTES

Tras denunciar que las políticas sociales “están en el objetivo de una campaña continuada de recortes para hacer retroceder” derechos, el ministro alertó sobre el “desmantelamiento presupuestario de políticas públicas” en un contexto que juzgó “preocupante”, pese a que en España “sigue habiendo más gente que desea vivir en una sociedad igualitaria, digna y justa que la que aboga por otro modelo y al mismo tiempo también empuja a las instituciones públicas a poder ir desplegando y mejorando nuestra red de protección social que muchísima falta hace” en un “tiempo desafiante”.

Con esta inversión, el ministerio se consolida como el principal donante público de innovación social y avanza hacia la transformación del modelo que viene impulsando y que busca "consolidarse" con la aprobación de las reformas de las leyes de Dependencia y Discapacidad.

Entre los proyectos incluidos en esta nueva ronda de financiación Derechos Sociales destacó el Proyecto CASA de la Asociación FICE, un recurso residencial de carácter hogareño dirigido a niños y niñas a cuyos progenitores les han retirado la tutela y que articula apoyos para la familia de origen y consigue el retorno a sus familias del 75% de los menores de edad en el primer año así como el impulsado por Provivienda y la Fundación Matía, que facilita el acceso a personas mayores a viviendas alternativas, promoviendo su autonomía personal y su bienestar mediante un acompañamiento social integral.

CARTERA DE INNOVACIONES

Además de los proyectos, Derechos Sociales presentó la llamada ‘Cartera de innovaciones’, una herramienta “pionera” basada en el aprendizaje colectivo que pone en común las experiencias y aprendizajes de proyectos innovadores anteriores, con el objetivo de “orientar las políticas públicas y acelerar un cambio profundo en el modelo de cuidados”.

En concreto, busca que el impacto del conjunto de proyectos sea mayor que la suma de los resultados de cada proyecto por separado, reúne 95 innovaciones y 179 hallazgos y permite identificar qué prácticas funcionan, en qué condiciones y con qué impacto para avanzar hacia procesos sostenidos de desinstitucionalización y vida elegida en la comunidad.

Con un presupuesto de 110 millones, en estos proyectos participaron 41.194 personas con necesidades de apoyo o cuidados de forma directa y 259.957 personas si le suman familiares, o profesionales de administraciones o entidades.

Derechos Sociales presentó además la Plataforma Vidas, que se consolida como un espacio de cocreación y aprendizaje compartido que conecta a diferentes actores e iniciativas para abordar la desinstitucionalización de una manera compartida y a través de la cual se interrelacionarán todos los proyectos de innovación social financiados por el ministerio para impulsar la transformación del modelo de cuidados de manera conjunta.

En este sentido, Derechos Sociales también está trabajando con otros ministerios en la creación del Centro Estatal de Competencias en Innovación Social (Cecis), en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, que plantea la necesidad de que los Estados cuenten con centros nacionales de competencia en innovación social para reforzar capacidades públicas y articular ecosistemas de innovación.