En el encuentro participaron también los presidentes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de grupo Social ONCE, Luis Cayo Pérez y Miguel Carballeda, respectivamente, que expusieron argumentos a favor de esta propuesta.

Según Martín Blanco, se trata de una opción viable y “desde el Ministerio (de Derechos Sociales) lo vamos a apoyar decididamente”.

Indicó que este porcentaje ya se modificó en otras ocasiones –antes estaba en el 0,5 y se subió al 0,7 actual- y se refirió también a la recién aprobada Ley de Cooperación Internacional, que establece como obligación destinar el 0,7% del PIB a Ayuda al Desarrollo en 2030.

“Si fuimos capaces” de estos aumentos, “creo que se podrá hacer lo mismo” con la 'X Solidaria', dijo destacando la importancia y el impacto de los proyectos desarrollados gracias a estos fondos.

Carballeda subrayó que “son sólo tres décimas" y recordó cómo las entidades sociales, entre otras muchas cosas, se ocupan de los millones de personas en situación de pobreza que han de recurrir a las colas del hambre. Además, quiso incidir en que Grupo Social ONCE no participa de estos fondos.

“Creo que el Gobierno debería ser más generoso y menos rácano”, propuso, y “mostrar sensibilidad hacia las necesidades actuales de tantas personas”. A su juicio, las organizaciones del Tercer Sector de acción social han demostrado su eficacia en la atención de los colectivos vulnerables y deberían beneficiarse del aumento en la recaudación del IRPF.

El presidente de Cermi defendió también la idea y destacó que la 'X solidaria' es “la única muestra de democracia fiscal” que existe en la legislación española. “Como contribuyente, quiero poder decidir que parte de mis impuestos se destine a estos proyectos”, declaró.

En su opinión, esta es una subida que “la sociedad española se puede permitir” y que resultaría de gran utilidad.

SERVICIOS SOCIALES

En el encuentro, Martín Blanco hizo mención además al anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que debe aprobarse en segunda lectura por el Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario.

“Los plazos son ajustados”, admitió, por lo que “vamos a pelear para que el ejecutivo apruebe el proyecto de ley cuanto antes” y la norma pueda pasar al Congreso de los Diputados.

“Será la primera ley estatal que fije unos mínimos para garantizar un acceso igualitario a servicios sociales de calidad entre todos los españoles y españolas, con independencia de dónde vivan”, declaró.

Reconoció que es una iniciativa “compleja desde el punto de vista competencial”, pero indicó que puede ser “uno de los proyectos estrella de este Ministerio”.

El director general declaró su intención de que esta norma recoja, entre otros elementos, el fin de los copagos en Dependencia, tal y como demandan el Cermi y otras organizaciones de personas mayores, con discapacidad y de pacientes .

En este sentido, Luis Cayo Pérez recordó la ‘Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el Copago Confiscatorio en Dependencia’ que “por tres veces se ha visto paralizada”.

Fue producto de una movilización masiva que consiguió en 2015 la adhesión de casi 740.000 ciudadanos españoles mayores de 18 años. En ella se pide una regulación legal unitaria en todo el territorio que deje exentos del copago al menos a todas las personas en situación de dependencia con ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

También que la aportación máxima no supere en ningún caso el 60% del coste total del servicio y que la edad y el momento vital en que apareció la situación de dependencia se tengan en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de la persona. Las comunidades autónomas, respetando este suelo, podrían establecer exenciones mayores o incluso totales, a su criterio.