En la presentación del informe ‘Desarrollos normativos derivados de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en España. Una perspectiva desde los derechos de las personas con trastorno del espectro del autismo' en la Cámara Baja, Martín Blanco subrayó cómo este proyecto de ley responde a una “demanda histórica del movimiento de personas con discapacidad”, porque “es hiriente que nuestra ley suprema siga llamando disminuidos a algunos compatriotas”.

Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la reforma busca suprimir un término que “no solo está superado en la sociedad, sino que además es denigrante”, explicó. "Queremos consagrar en su lugar la expresión personas con discapacidad”, tal como recogen la Convención de Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico español, agregó.

El proyecto de ley para modificar el artículo 49 también pretende un cambio más amplio del texto en su conjunto, a fin de adaptarlo a “un enfoque de derechos”, que contempla la obligación de los poderes públicos de proteger a este colectivo contra la discriminación y de promover su participación social, “superando así el modelo médico rehabilitador”.

RECUPERAR LA UNIDAD

En su intervención, Martín Blanco destacó que la reforma sí obtuvo el necesario apoyo parlamentario la pasada legislatura (su admisión a trámite se aprobó por consenso, pero la convocatoria electoral hizo que el proyecto decayese).

Sin embargo, PP y Vox votaron esta vez en contra de la tramitación del actual proyecto de ley. Esto no impidió su entrada en el Congreso, pero si el PP mantiene su oposición no podrá aprobarse, ya que precisa el respaldo de tres quintas partes de ambas Cámaras para salir adelante.

Por ello, Martín Blanco se dirigió a los diputados presentes en el acto, a los que recordó cómo “la discapacidad ha sido siempre elemento de consenso”. “Os pido que volvamos a hacerlo“, declaró. “Igual que lo hicimos cuando recuperamos por unanimidad el derecho al voto para 100.000 personas con discapacidad" que habían sido incapacitadas judicialmente, apuntó, “e igual que hicimos al modificar también por consenso el Código Penal para poner fin a las esterilizaciones forzosas”. En su opinión, apoyar esta reforma es la mejor manera de retratar si se está con la discapacidad o no. Aquí no caben grises”.

INVOCAR LA CONVENCIÓN

En la presentación participó también el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, quien destacó la importancia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el colectivo. “Es lo mejor que nos ha pasado”, declaró, pues “por primera vez en la historia, la comunidad internacional atendía a una parte de la familia humana que había dejado en los márgenes”.

Además, lo hace “desde un enfoque de derechos que es muy disruptivo con las ideas tradicionales sobre discapacidad”. Por eso, “debemos invocarla hacia adentro” y, como asociaciones, “alinearnos con su espíritu, objetivos y criterios”.

Esto no siempre resulta fácil, admitió, pues como “grandes prestadoras de servicios que somos en España”, las entidades de discapacidad “hemos desarrollado hábitos contrarios a la vida independiente o a la toma de decisiones con apoyos”, agregó a modo de ejemplo.

“Hemos de invocar la convención también hacia fuera y ver en qué grado estos derechos se materializan en hechos”, subrayó Pérez. A su juicio, se ha avanzado mucho, pero “aún queda por hacer en ámbitos como la educación, la sanidad, el acceso a la justicia y la igualdad".

IMPACTO LEGAL

La delegada de Asuntos Públicos de la Confederación Autismo España, María Pindado, coincidió en este punto al explicar el informe. Destacó, no obstante, cómo la aprobación de la Convención “sí ha mejorado mucho la vida de las personas con TEA”, ya que dio lugar a 25 leyes "muy importantes" y a más de 80 normas de distinto rango que afectan de lleno a este colectivo.

Entre estas, citó la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, y que a su vez modificó leyes tan importantes como el Código Civil, la Ley del Notariado, el Código de Comercio, las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Penal, la Ley Hipotecaria, la de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Sucesiones.

También resaltó la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para permitir el derecho al voto de las personas incapacitadas judicialmente; la reforma del Código Penal que ilegalizó las esterilizaciones forzadas; el propio Real decreto 1/2013, que establece el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social; o el Estatuto del empleado Público de 2007, que amplió la cuota de empleo reservado a personas con discapacidad y estableció una subcuota específica para la intelectual.

Han sido 15 años de “logros y de desarrollos legislativos” desde que España firmó la Convención, indicó el director de Autismo España, Jesús García Lorente. Ahora, hay que plasmar los derechos en hechos”.