Así lo avanzó el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad en España y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, en el acto de presentación del documento, que también contó con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez; el director general de Consumo, Daniel Arribas; la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE, Carmen Bayarri, y Carmen Redondo, representante del Consejo General de Consumidores y Usuarios.

Según precisó Martín Blanco en la presentación, el documento, que ve "necesario", ha sido confeccionado por personas expertas de la Dirección General de Consumo, de la Fundación ONCE y de Ilunion Accesibilidad con la colaboración del Cermi, tiene una orientación “eminente práctica” y en él se identifican diferentes áreas como el entorno físico, el digital, el etiquetado, la atención a la clientela, recordando las “obligaciones normativas en materia de accesibilidad”.

PAUTAS Y EJEMPLOS

“A partir de ahí se ofrecen pautas y ejemplos que ayudarán a ilustrar al tejido empresarial a convertir esos espacios en practicables a toda la ciudadanía sin excepciones”, agregó, convencido de que es “un llamamiento al cumplimiento legal” y de que es una “mano tendida” del Gobierno para “llevar la ley la inclusión a cualquier actividad del consumo”.

El texto revisa el marco legal vigente, analiza las tendencias sociales e identifica los “puntos fuertes” y las áreas de “desigualdad, especialmente con relación a las personas con discapacidad” y propone buenas prácticas, soluciones que “ayuden” a que cualquier persona pueda comprar “con todas las garantías”.

“Esto va a despejar las dudas, pero sobre todo los miedos a la hora de abrirse a otros públicos cuyo abordaje sigue instalado en la excepcionalidad o en la acción social de las empresas”, apostilló, al tiempo que indicó que esta guía también es también “un llamamiento al consumo responsable y sostenible”.

DIÁLOGO

A continuación tuvo lugar un diálogo con la participación de la secretaría de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; la directora del Centro Bibliográfico de la ONCE, Carmen Bayarri; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; la representante del Consejo de Consumidores y Usuarios Carmen Redondo y del director general de Consumo, Daniel Arribas.

Durante su alocución, Martínez coincidió con Martín Blanco en que es una guía “necesaria”, convencida de que la accesibilidad es “un principio universal y básico” para que las personas con discapacidad puedan acceder a servicios “en condiciones de igualdad y seguridad y de una manera independiente y autónoma”.

A este respecto, recordó que en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, actualmente en tramitación en el Congreso, se reconoce la accesibilidad como un “derecho subjetivo” por lo que es “exigible” por parte de las personas con discapacidad y, entre otras cuestiones, auspicia la creación de un programa estatal de accesibilidad que permite dotar de financiación estable y ayudar a superar las “inequidades territoriales” para la “adecuación” de los servicios públicos y que “sean accesibles”.

CERMI Y ONCE

Desde el Cermi, su presidente lamentó que en la sociedad “hay una minoría de personas que tienen dificultades muy considerables para ejercer esa actividad tan cotidiana y tan democrática”, convencido de que el consumo “puede ayudar y ser un aliado bastante potente de todo el corpus que ya tenemos en el ámbito de las políticas de inclusión de personas con discapacidad”.

En este contexto, reclamó medidas como que las oficinas de consumidores y usuarios sean accesibles, al igual que los canales de denuncias, o el sistema arbitral de consumo, consciente de que “todavía queda mucho para que el consumo, en esa alianza y potencia que pueda aportar al proceso de inclusión de las personas con discapacidad, lo haga”.

En cuanto al real decreto de etiquetado en braille, en torno al cual la representante del Centro de Consumidores y Usuarios mostró sus reservas y se cuestionó el “instrumento elegido”, el presidente del Cermi admitió que le “llaman la atención” esas “objeciones” y especificó que se trata de un “etiquetado inclusivo comprendiendo todas las realidades”, al tiempo que llamó a “colaborar y reflexionar” y exigió a Europa que articule un reglamento de etiquetado de consumo inclusivo dentro de su área de competencias como una “excepción social”.

En la misma línea, Carmen Bayarri reconoció que un acto tan sencillo como ir a la compra, para una persona con discapacidad visual “a veces es una carrera llena de obstáculos, que son muchísimas veces invisibles para las personas que no tienen discapacidad” y aseveró que es “un problema que no exista ese etiquetado accesible”, lo que, a su entender, “de alguna manera está dejando atrás a las personas con discapacidad visual”.

IMPACTO DIRECTO

En este punto, reivindicó que el etiquetado accesible “impacta directamente” en la seguridad y autonomía de estas personas y que dicha etiqueta, para ser accesible, “tiene que llevar Braille y además desde el origen” y “combinarlo con tecnología”, convencida de que la UE tiene que “armonizar leyes sobre el etiquetado que consigan que todos vayamos a una con una misma fórmula que sea eficaz”, para lo cual puede contar con la experiencia del Grupo Social ONCE.

Por último, Daniel Arribas lamentó que las “reticencias” en relación a ese etiquetado “no vienen únicamente del sector empresarial”, sino que “socialmente nos falta un poco de empatía e interiorizar y ponernos en la posición de las personas que tienen determinadas dificultades a la hora de ejercer sus opciones de compra”, teniendo en cuenta además que son “un nicho de negocio” y que “muchas veces la autorregulación no es lo audaz o no consigue alcanzar las necesidades de determinados colectivos”.

Respecto al etiquetado inclusivo afirmó que su implantación “sigue todavía siendo un proceso técnicamente complejo porque hay que aunar los diferentes intereses en juego”, si bien, el “objetivo primero” es que “garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual” y la idea es llevarlo a cabo “a la mayor brevedad posible, porque es una deuda histórica” de la administración con las personas con discapacidad”, convencido también de que las instituciones europeas “deberían ir más allá”.