Así lo afirmó en el transcurso de su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, a propuesta del propio ministro, ha autorizado el reparto de 783 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en paralelo a la aprobación, en segunda vuelta, de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

En este contexto, Bustinduy subrayó que la financiación de la dependencia “es uno de los principales desafíos que tiene el sistema”, si bien, “siendo absolutamente imprescindible”, a su juicio, “no basta solo con satisfacer las necesidades de financiación del sistema, sino que hay que transformarlo”.

“De eso va la reforma que presentamos hoy, de generar el modelo capaz de atender las necesidades del siglo XXI, que, a continuación, hay que financiarlo; hoy ponemos 783 millones de euros para este fin”, abundó.

En este sentido, en respuesta al último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, puntualizó que, durante el pasado ejercicio, la contribución de la Administración General del Estado para las comunidades autónomas fue de 3.478 millones de euros, a lo que, explicó, “hay que añadir que España ha sido el único país de la UE que ha decidido destinar parte de los fondos de recuperación, en concreto, en su capítulo 22, a la renovación y la modernización de los sistemas de atención a la dependencia”.

“Solo en el año 2024 transferimos 808 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas para la implantación de los sistemas de teleasistencia y para la reforma y transformación de más de 15.000 plazas residenciales en todas las comunidades autónomas y miles de municipios del país”, apostilló, convencido de que se trata de “un esfuerzo sin precedentes”.

ESFUERZO SIN PRECEDENTES

Tras señalar que el Gobierno también destinó “230 millones de euros a las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales”, defendió que, incluso en un escenario de Presupuestos prorrogados, “el esfuerzo fiscal en materia de dependencia no tiene precedentes”.

No obstante, deslizó que, “como no podría ser de otra manera”, su gabinete está “trabajando”, tanto en el seno del Consejo Territorial con todas las comunidades autónomas, como en el seno del Ejecutivo con el Ministerio de Hacienda, “para dar pasos inminentes, decididos”, con el fin de “cumplir” el acuerdo del Gobierno que “contempla alcanzar ese porcentaje del 50-50 en la financiación del gasto de la dependencia”.

Junto a ello, el titular de Derechos Sociales hizo hincapié en que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad también incluye una medida que juzgó “especialmente importante” y que está relacionada con la “transparencia” en materia de copago en dependencia.

“Es decir, para que todas las administraciones tengan que aportar datos con toda la transparencia sobre qué porcentaje, qué carga, están asumiendo las personas usuarias del pago de los servicios, cosa que, a día de hoy, no está claro y que puede incidir de manera significativa en ese cálculo de los porcentajes”, sentenció, al tiempo que quiso “reafirmar” su “compromiso” de “mejorar” dicha financiación.

783 MILLONES

La inversión total propuesta por el ministerio que dirige Pablo Bustinduy para transferir a comunidades y ciudades autónomas es de 783.197.429 euros entre las comunidades autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) y Ceuta y Melilla para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La cifra propuesta ha sido autorizada en el seno del Gobierno y, según precisó el Ejecutivo, “revalida” el “récord histórico” de 2023 y 2024 para financiar el SAAD, “incrementando en hasta 500 millones más la dotación presupuestaria que hubo en 2021”.

“La financiación récord en este nivel acordado se mantiene desde el año 2023, cuando se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado y consolida la inversión que el Gobierno de España ha hecho en los últimos años para reforzar la dependencia, después de que este nivel de protección fuera suprimido en la pasada década (año 2012) dentro de un recorte presupuestario que redujo en 5.000 millones de euros la financiación estatal del SAAD”, denunció el Ejecutivo.

En este punto, manifestó que fue en 2021 cuando recuperó este nivel de financiación aportando una cantidad de 283 millones de euros y que, desde entonces, la inversión estatal en el nivel acordado “inició una senda de crecimiento que lo ha llevado a casi triplicar en la actualidad los fondos destinados a esta partida”.

CRITERIOS DE REPARTO

El reparto de la inversión del nivel acordado entre los gobiernos autonómicos se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos que fueron fijados en el Plan de Choque para el impulso del SAAD y que aprobaron los propios gobiernos autonómicos en un Consejo Territorial celebrado el 15 de enero de 2021.

“En este acuerdo se fijaron indicadores que medían los esfuerzos realizados por cada ejecutivo regional para mejorar la calidad de los servicios de la dependencia, siendo las diferencias en este desempeño las que determinan que cada gobierno autonómico reciba una cantidad diferente cada año”, agregó.

Estos criterios se agrupan en cuatro fondos diferenciados, que, en 2025 movilizan 145,8 millones de euros para el fondo de estructura; 175 millones de euros para el fondo de gestión; 262,4 millones de euros para el fondo de cumplimiento de objetivos y 200 millones de euros para el fondo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.