Así lo precisó este lunes el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que detalló que esta medida se incluye en el convenio firmado el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la Confederación Plena Inclusión España y que permitirá “garantizar” dicho derecho, todo ello para “aprovechar al máximo su talento” y garantizando el bienestar tanto de las personas que se incorporan como de los equipos de trabajo y la propia organización en su conjunto.

A este respecto, puntualizó que los preparadores laborales serán personal experto que tendrá entre sus funciones la de acompañar a las personas con discapacidad cuando se incorporen a su puesto de trabajo y también analizarán las funciones o puestos que puedan ser ocupados por personas con discapacidad y estudiarán las capacidades de la persona en el momento de acceso o la adaptación de las tareas que tengan que llevar a cabo.

Además, se hará un seguimiento del proceso y del grado de satisfacción de la persona que se incorpora y se ofrecerá formación y trabajo con su equipo y Plena Inclusión facilitará al ministerio la incorporación de estos preparadores laborales para poner en marcha este proyecto piloto, teniendo en cuenta que en los próximos meses se llevará a cabo la incorporación y adaptación de los puestos de trabajo de quince personas, que se unirán a las once personas que ya están trabajando en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

“Cada año se reserva un porcentaje no inferior al 10% de las plazas para que sean cubiertas por personas con discapacidad, de las que al menos el 2% deberán ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual”, recordó el gabinete dirigido por Pablo Bustinduy, al tiempo que destacó que el acceso de estas personas en la organización “irá en aumento en los próximos años”, por lo que este proyecto piloto busca “garantizar su derecho a una plena inclusión profesional en todos los sentidos”.

Con este proyecto, además, se busca conocer si es “conveniente” implantar el empleo con apoyo en el futuro y de forma “homogénea” para todos los ministerios y organismos, por lo que se llevará a cabo un informe final de evaluación que incluya datos, resultados de los indicadores marcados y conclusiones y aprendizajes sobre los procesos de incorporación al puesto de trabajo de las personas con discapacidad intelectual.

UNIDADES DE INCLUSIÓN

En este contexto, el ministerio aseveró que ha sido “pionero” en la creación e implantación de las Unidades de Inclusión, una medida para “apoyar la inclusión laboral de las personas con discapacidad”. “Estas unidades tienen el mandato de asegurar la adaptación de los puestos, ofrecer apoyo especializado y realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas de inclusión y reserva de plazas”, agregó.

En el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 esta unidad se creó en febrero de 2024, constituyendo un equipo de trabajo estable en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría. Desde entonces, y con la colaboración de distintas unidades como Servicios de Prevención de servicios centrales, Aesan e Imserso, Recursos Humanos o Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha “avanzado” en la definición de sus competencias, la identificación de recursos formativos y apoyos disponibles, la promoción de un cambio cultural orientado a la inclusión laboral y la mejora de la accesibilidad.

“La unidad se ha convertido en un referente para el resto de unidades de la Administración General del Estado y está colaborando con la Dirección General de Función Pública para definir su papel en el futuro y dotarlas de contenidos funcionales que sean homogéneos en toda la organización”, resolvió.