Así lo anunció el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y presidente del Programa Iberoamericano sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante el diálogo organizado por la agencia de noticias Servimedia bajo el título ‘Datos que cuentan para la inclusión’, en el que explicó que esta medida forma parte de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.

Martín Blanco recordó que España carece actualmente de un sistema estatal de información similar al existente en el ámbito de la dependencia y que los datos disponibles proceden, fundamentalmente, de consultas a las comunidades autónomas y de las encuestas periódicas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, defendió la necesidad de crear un instrumento estable que permita “disponer de información actualizada de forma continua”.

“Una de las cuestiones que incluye esta reforma es precisamente crear un sistema nacional de información sobre discapacidad”, señaló. Según explicó, esta futura base de datos funcionará de manera similar al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ya que serán las comunidades autónomas, responsables del reconocimiento administrativo de la discapacidad, las que incorporarán la información para su posterior explotación estadística.

Jesús Martín Blanco destacó que esta herramienta permitirá superar la dependencia casi exclusiva de las grandes encuestas del INE, que se realizan con varios años de diferencia entre sí. “Necesitamos tener ese sistema para contar con datos actualizados periódicamente”, afirmó, al considerar que disponer de información constante permitirá “conocer mejor la evolución de la realidad de las personas con discapacidad”.

UN SISTEMA RESPALDADO POR LEY

Martín Blanco explicó que la creación de esta base de datos ha tenido que incorporarse expresamente a la reforma legislativa debido a “las implicaciones jurídicas relacionadas con el tratamiento de la información personal”.

Según indicó, una vez que la reforma concluya su tramitación en el Senado y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo contará con un mandato legal para desarrollar este sistema nacional de información.

“Si todo va bien, esperamos que pueda publicarse entre septiembre y octubre y exista ya ese mandato legal para crear el sistema nacional de información sobre discapacidad”, añadió.

Por su parte, la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, calificó la futura base de datos como “un avance estratégico” para mejorar el conocimiento sobre la situación de las personas con discapacidad.

Lobato recordó que Fundación ONCE participa desde hace años en el Consejo Superior de Estadística, órgano consultivo del INE, donde se trabaja precisamente en la incorporación de nuevas fuentes de información para mejorar la producción estadística.

A su juicio, el aprovechamiento de los registros administrativos constituye actualmente “una de las principales líneas de trabajo de la estadística pública” gracias al desarrollo tecnológico, que permite cruzar grandes volúmenes de información de forma mucho más rápida y precisa que hace unos años. “El aprovechamiento de registros administrativos para la generación de estadísticas es ya un auténtico mantra”, afirmó.

La responsable de Fundación ONCE explicó que disponer de un registro nacional facilitará cruzar la información sobre discapacidad con otras estadísticas oficiales y obtener una fotografía mucho más completa sobre el grado de inclusión del colectivo.

Como ejemplo, señaló que será posible analizar de forma mucho más precisa la participación de los estudiantes con discapacidad en evaluaciones educativas como el informe PISA o conocer su presencia en otros ámbitos de la vida pública, como el acceso a bibliotecas, servicios culturales o cualquier otra política pública. “Si existe un registro unívoco de las personas con discapacidad, puede cruzarse con cualquier otra base de datos y obtener información comparativa”, explicó.

Ese tratamiento estadístico permitirá identificar desigualdades y medir con mayor precisión las brechas existentes entre las personas con discapacidad y el resto de la población. “Lo que queremos saber es cuál es realmente la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos y para eso disponer de esta información es absolutamente fundamental”, concluyó Lobato.