Según informó este miércoles la Policía Nacional, la operación se ha saldado con la detención de 11 personas -seis hombres y cinco mujeres- como presuntos responsables de delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició en marzo de 2024, cuando los agentes detectaron que una empresa estaba cometiendo irregularidades con ciudadanos extranjeros para que obtuvieran permisos de residencia y trabajo en España, así como para solicitar prestaciones sociales.

El proceso comenzaba con la realización de un precontrato laboral que, junto con la documentación de la empresa, se presentaba para obtener la autorización de residencia. Una vez concedida, formalizaban el contrato y el alta en la Seguridad Social, momento en que la organización exigía el pago de 2.000 euros a los trabajadores.

NEGOCIO FRAUDULENTO

Las pesquisas policiales revelaron que la empresa había dado de alta a diez personas extranjeras en situación irregular, aunque en la actualidad solo constaba una trabajadora. Se comprobó que ninguno de ellos llegó a trabajar realmente en la empresa.

Los investigadores constataron que, tras obtener la residencia, finalizaba la relación laboral, siendo dados de baja tanto en la empresa como en la Seguridad Social, confirmando la inexistencia de vínculos laborales reales.

La organización operaba de manera estable y coordinada, con sus miembros desempeñando diferentes funciones dentro del entramado criminal que permitía regularizar de forma fraudulenta la situación de ciudadanos extranjeros.

BENEFICIO DOBLE

El esquema fraudulento permitía a la organización no solo evitar gastos laborales, sino también obtener beneficios económicos a través del cobro de los 2.000 euros por cada contrato falso tramitado.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de diversos delitos relacionados con la falsificación documental y el favorecimiento de la inmigración irregular.

La operación ha permitido desmantelar una red que se aprovechaba de la situación vulnerable de ciudadanos extranjeros, a quienes cobraban importantes cantidades de dinero a cambio de documentación fraudulenta.

MODUS OPERANDI

Los investigadores determinaron que la organización operaba siguiendo un patrón establecido que incluía la falsificación de contratos, el alta irregular en la Seguridad Social y el cobro de cantidades económicas a las víctimas.

Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total de la red y localizar a posibles implicados adicionales en esta trama de falsificación documental y estafa.